El senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, luego de una reunión con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, informó que el Gobierno buscará alternativas para evitar gravar la mayoría de productos de la canasta familiar con el Impuesto de Valor Agregado (IVA).

Uribe desde que salió la propuesta ha dado a conocer su desacuerdo con la ampliación del IVA a buena parte de la canasta familiar.

“Le hemos pedido a la presidente Duque, a su Gobierno, al ministro Carrasquilla, buscar opciones que eviten el IVA a los bienes básicos de la canasta familiar. El ministro va a buscar unas opciones con los ponentes de los diferentes partidos, porque el país necesita corregir esta reforma”, dijo el senador.

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De acuerdo con Uribe, el Centro Democrático en su totalidad respalda al Gobierno del presidente Duque en sus objetivos de buscar austeridad, transparencia y crecimiento económico vigoroso, así como la formalización de la economía.

“El presidente Duque encontró un país quebrado. El endeudamiento lo pasaron del 42 al 56 del PIB. Dejaron la salud con 11 billones de pesos de déficit por no hablar de otros temas como las vigencias presupuestales futuras”, agregó el senador.

El expresidente señaló que Duque está buscando financiar 14 billones de pesos para la inversión social del año 2019, donde se incluye mayor presupuesto para educación, atención al adulto mayor y alimentación escolar.

Uribe recordó que el mandatario planea ahorrar 6 billones de pesos con el plan de austeridad anunciado por el Gobierno Nacional.

El partido Centro Democrático a través de una carta pública, ya había manifestado su desacuerdo con la propuesta de gravar el 80% de la canasta familiar, incluida en el proyecto de reforma tributaria o ley de financiamiento, que radicó el Gobierno la semana pasada.

Además de los argumentos que ha expresado Uribe, en cuanto al golpe que esta medida significaría para los hogares de clase media, el congresista alertó que podría ser inconstitucional y afectaría productos básicos.

Uribe hizo referencia a una decisión de la Corte Constitucional del año 2003, en su primer gobierno, que tumbó el cobro de IVA del 2% la canasta familiar.

“La decisión de extender el IVA a tales bienes y servicios se tomó en un contexto de creciente pobreza e indigencia. En este contexto, la carga tributaria adicional que recae sobre las personas de bajos ingresos agravará su precaria situación o les hará más difícil superarla”, comunicó en aquel entonces el alto tribunal.

El Gobierno no tiene fácil la tarea de sacar adelante este punto, con el que esperaría recaudar más de 12 billones de pesos y que ha generado una fuerte oposición en varios sectores del Congreso de la República.