Las más recientes encuestas de las firmas de auditoría y consultoría mostraron que un alto porcentaje de las empresas del país han experimentado algún tipo defraude en los últimos dos años.

El estudio de PriceWaterhouseCoopers (PwC), por ejemplo, señaló que el 38,8 % de los empresarios entrevistados (59 de 152) indicaron que sus compañías han sido víctimas de algún delito económico, lo cual está siete puntos por encima de lo reportado en la encuesta de 2016, cuando el indicador fue de 32 %.

Frente al aumento de este fenómeno, Mónica Jiménez, socia de PwC, indagó: “¿Será que estamos teniendo más consciencia del fraude y por lo tanto estamos reconociendo en una mejor medida su existencia?”.

A su turno, un reporte de KPMG que consultó a 144 directivos empresariales muestra que más de la mitad de las organizaciones experimentaron algún tipo de evento de fraude, y se destacó que 10 % de las empresas han observado más de diez de situaciones internas de fraude.

María del Pilar Camacho, consultora de KPMG, retomando los hallazgos del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional recordó que en ese escalafón Colombia ocupa el puesto 96 entre 180 países.

“Y, ¿por qué, pese a que la regulación ha cambiado, seguimos con altos índices de percepción negativos? Porque no estamos alineados con lo que el regulador quiere y porque muchos de esos esfuerzos son recientes y se dieron para que el país pudiera ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cosa que se concretó a finales de mayo”, dijo Camacho en una charla de la Cámara de Comercio Colombo Americana.

En ese contexto, el lunes durante la rendición de cuentas, la Superintendencia de Sociedades aseguró que tras el ingreso a la OCDE se intensificaron las medidas de lucha contra el cohecho en casos de empresas instaladas en Colombia, que incurren en soborno de funcionarios públicos extranjeros, para sacar ventaja en licitaciones públicas.

“Se han adelantado 25 inspecciones forenses y se utiliza tecnología de punta para investigar, descubrir y sancionar el soborno internacional, a partir del seguimiento de movimientos financieros y actuaciones sospechosas”, indicó el despacho en un comunicado.

La reacción

Según KPMG, en los casos en que se observó la irregularidad, el control interno de la compañía fue el medio principal por el que se detectó el evento (60 %), seguido de los mecanismos de denuncia (22 %). También resultó llamativo que el 62 % de los encuestados, el tiempo transcurrido entre el inicio de la conducta y la detección del evento estuvo entre 1 y 6 meses. Asimismo, el 72 % aseguró haber identificado al perpetrador (ver Paréntesis).

Entre las respuesta al evento de fraude, el 69% de los empresarios encuestados respondió que la investigación interna fue la primera acción que adoptó una vez tuvo conocimiento del evento.

Después de ser probada la evidencia del evento de fraude, iniciaron una acción judicial contra el responsable del hecho (38%). Sin embargo, el 33% expresó que no se generó una condena o sanción, a pesar de la denuncia. En cuanto a las pérdidas generadas, 45 % respondió que no hubo recuperación total, mientras que el 42 % dijo haberlas recuperado parcialmente.

PwC resaltó que así como la tasa reportada de delito económico ha aumentado a nivel global y en Colombia, igualmente ha crecido el número de empresas que invierte en la lucha para combatirlo.

En el país el 38 % de los consultados dijeron que las empresas habían aumentando la inversión para combatir delitos económicos y el 47% expresó que planean aumentar ese gasto en los próximos dos años.

Pero, mientras el crecimiento de la corrupción sigue en aumento, los números de las encuestas sugieren que las medidas para combatirlo no se están incrementando al mismo ritmo, pues solo 50 % de los encuestados colombianos, en el estudio de PwC, dijeron haber realizado en los últimos dos años, evaluaciones de riesgo específico incluyendo tipologías como soborno y corrupción, y solo el 54 % tenía políticas específicas para gestionarlos.