Sumado a la medida del Gobierno de permitir el retiro de las cesantías de los fondos privados hasta por un monto que le permita compensar la reducción de sus ingresos mensuales a los trabajadores que tienen licencia no remunerada durante la medida de aislamiento obligatorio implementado desde el pasado 26 de marzo, está el subsidio de emergencia para cesantes por parte de las Cajas de Compensación Familiar.

Entonces, si quedó cesante como consecuencia de la emergencia por el COVID-19 y ha estado afiliado a una Caja de Compensación los últimos 12 meses de manera continua ó 12 meses de manera discontinua durante los últimos cinco años, podrá acceder a este beneficio económico de emergencia.

En este contexto, recibirá una ayuda económica correspondiente a dos salarios mínimos que serán pagados en tres meses. Es decir, recibirá un total de $1.755.606 que divididos en tres pagos serán mensualidades de $585.202.

Adicional a este subsidio, el cesante que devengaba menos de cuatro salarios mínimos continuará recibiendo la cuota monetaria por cada uno de sus beneficiarios acreditados en la Caja, así como el pago a seguridad social (salud y pensiones), durante el término de la emergencia.

“Con esta flexibilización de requisitos se busca proteger a todos los trabajadores en situación de vulnerabilidad que, con ocasión de la crisis, queden cesantes o aquellos a quienes se les suspendan temporalmente sus contratos, previa autorización del Ministerio de Trabajo. Es necesario aclarar que esta medida no es para que las empresas puedan despedir a sus trabajadores, pues se recuerda que de conformidad con las últimas disposiciones del Ministerio del Trabajo serán sancionados aquellos empleadores que así proceda sin autorización del Ministerio”, pronunció la Asociación de Cajas de Compensación Familiar, Asocajas.

Medidas para otros sectores

El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, también anunció el aplazamiento en los pagos y autoliquidación de aportes parafiscales a los sectores de aviación, turismo, eventos y restaurantes, golpeados de manera inmediata por la situación actual.

Este aplazamiento focalizado del pago, por el periodo que dure el estado de emergencia, busca la reactivación de dichos sectores y pero a su vez garantiza que tales recursos lleguen a las Cajas para evitar la paralización de servicios dedicados a proteger a los trabajadores más vulnerables.

Por su parte, las Administradoras de Riesgos Laborales destinarán recursos de las cotizaciones en riesgos laborales, para realizar actividades de promoción y prevención y de emergencia e intervención, dirigidas a los trabajadores de sus empresas afiliadas, que, con ocasión de las labores que desempeñan, están directamente expuestos al contagio del virus.

Es decir, trabajadores de la salud tanto asistenciales como administrativos y de apoyo, al igual que de aseo, vigilancia y alimentación, relacionados directamente con la prestación del servicio de salud; personal de terminales de transporte aéreo, marítimo o terrestre, control fronterizo, cuerpo de bomberos, defensa civil y cruz roja, para la compra de elementos de protección personal, chequeos médicos frecuentes de carácter preventivo y diagnóstico, así como acciones de intervención directa relacionadas con la contención, mitigación y atención del COVID19.

Por otra parte, se suspende durante la presente emergencia, la renovación del certificado de supervivencia de los connacionales fueras del país, ante el Sistema General de Seguridad Social.

“Todas estas medidas buscan promover la conservación del empleo y brindar alternativas a trabajadores y empleadores dentro de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada”, precisó Custodio Cabrera.