En Colombia, el sector de los hidrocarburos calcula que el impacto del combustible de contrabando que ingresa por Venezuela, y en los últimos años también por Ecuador, afecta entre un 10% y un 15% las ventas nacionales. 

Esta actividad es un negocio redondo para quienes adquieren la gasolina con precios subsidiados en Venezuela y obtienen grandes ganancias al venderla en Colombia, a pesar de manejar precios más bajos que las estaciones de servicio locales.

En Cúcuta, Mario Arévalo, gerente de la Cooperativa Multiactiva de Pimpineros de Norte (Coomulpinort), dijo que de los 12 millones de galones de combustible legal disponibles para el abastecimiento del parque automotor de Norte de Santander, solo se venden cerca de 7 millones de galones, por lo que el 41% del combustible que se consume en la región es de contrabando. 

Durante 2018, el volumen máximo de combustible vendido se dio en mayo, cuando se comercializaron 7,3 millones de galones y en julio, último mes evaluado, se comercializaron 6.8 millones de  galones. 

Según el informe ‘Norte de Santander, como una nueva frontera’ de la Cámara de Comercio de Cúcuta, en 2017, la cifra de volumen máximo asignado se redujo en un promedio de 25% mensual en comparación con el mismo periodo del 2016. Mientras, en 2018 la reducción ha sido de un 50%, evidenciando la fuerza que aún posee el contrabando de gasolina.

Al respecto, el gerente de Coomulpinort aseguró que los mayores clientes del combustible de contrabando son los vehículos de transporte público y de carga. Arévalo también señaló que las estaciones de servicio venden aproximadamente un 70% de gasolina y un 30% en diésel.

Por otra parte, Álvaro Younes, presidente de la Federación Colombiana de Distribuidores Minoristas de Combustibles y otros Energéticos (Fedispetrol), señaló que las personas que se dedican a la venta de combustible ilegal le quitan mercado a las estaciones locales y no pagan impuestos, reduciendo los tributos de las zonas donde se comercializa.

El coronel Carlos Eduardo Girón Luque, comandante de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), seccional Norte de Santander, señaló que en lo corrido del año se ha incautado un aproximado de 139.000 galones, avaluados en 790 millones de pesos, precio del combustible según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), entidad encargada de almacenar la gasolina decomisada. 

Girón señaló que las cifras de incautaciones son similares a las del mismo periodo de 2017, y manifestó que las entidades de control esperan que la cantidad de combustible que ingresa al país se reduzca por causa del censo de vehículos hecho por el gobierno de Nicolás Maduro.

El comandante de la Polfa mencionó que teóricos en el tema del contrabando consideran que la gasolina es el negocio del siglo XXI, como lo fue el alcohol en Estados Unidos durante la época de su prohibición entre 1920 y 1933.

Girón explicó que un carrotanque de 11 mil galones de gasolina venezolana tiene un costo aproximado de 5,6 millones de bolívares fuertes, el equivalente a 67 mil pesos, pero al cruzar la frontera el combustible pasa a valer 56 millones de pesos, por lo que el precio aumenta casi un 1.000%.

El comandante de la Polfa considera que la cultura del contrabando de gasolina está muy arraigada en los cucuteños, por lo que a pesar de ser una actividad con la cual “se institucionaliza y se financian las redes criminales”, las personas la ven como un daño menor.

“La costumbre ante la ilegalidad ha ocasionado que haya un rechazo violento de parte de la comunidad a la fuerza pública cuando hacemos los operativos correspondientes”, indicó.

Uno de los factores que resaltan los compradores del combustible venezolano es el octanaje de la gasolina, que es de 91%, comparado al 87% del combustible colombiano. Pero, lo que muchos consideran favorece a los vehículos, genera mayores índices de contaminación por causa del plomo y el azufre de la gasolina ilegal.

Por su parte, Girón aseguró que la Polfa está fortaleciendo el trabajo de inteligencia e investigación criminal, en el marco de la campaña Esparta, cuyo objetivo es afectar las cabezas del contrabando para debilitar la cadena criminal de este lucrativo, pero dañino negocio en la región.

Teniendo en cuenta que el departamento deja de vender 5 millones de galones de combustible por cuenta del contrabando, las estaciones de servicios pierden 34.500 millones pesos, si se toma como referencia el precio del galón de gasolina ($6.900, en promedio).

Panorama nacional

De acuerdo con la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), los hidrocarburos de contrabando provenientes de Venezuela también ingresan al país por La Guajira, Arauca, Guainía y Vichada. 

Mónica Albornoz, gerente de retail de Texaco, señaló que el producto que ingresa por La Guajira no se queda allí, sino que alcanza a permear buena parte de la Costa Caribe, llegando a Santa Marta y Barranquilla.

Los combustibles de contrabando provenientes de Ecuador ingresan principalmente por el cruce del río Putumayo y San Miguel. Considerando ambas fronteras, se estima que al país entran más de un millón de galones de combustible ilegal al día.

Albornoz resaltó que adquirir gasolina de contrabando es contraproducente para el funcionamiento de los vehículos, pues por la forma como son transportados es probable que estén contaminados o tengan agua.

Hasta julio del presente año, las autoridades incautaron 551.059 galones en el país, un 10,3% más de lo aprehendido entre enero y julio de 2017, cuando fueron 499.441 galones.

El avalúo de lo incautado es de 3.929 millones de pesos, un valor 28% mayor a la cifra de lo aprehendido en el mismo periodo de 2017, que fueron 3.068 millones de pesos. 

Entre las estrategias a nivel nacional para disminuir el contrabando, está el Sistema de Información de Combustibles Líquidos (Sicom) utilizado por el Ministerio de minas y energía, el cual obliga a los mayoristas y minoristas a canalizar sus órdenes de pedido a través del sistema con el fin de poder rastrear las ventas, compras y los niveles de inventarios. 

Otra medida que se ha implementado son los precios de ley de frontera, con los que el Gobierno subsidia el valor de la gasolina para que sea inferior en las zonas fronterizas. 

Sin embargo, esta medida ha creado un problema, ya que la Polfa ha identificado que desde las zonas de frontera se desvía combustible a otras ciudades o estaciones de gasolina no autorizadas, con el fin de aumentar las ganancias.