La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) aprobó por unanimidad la inclusión de un proyecto para que los usuarios de 906 municipios del país paguen progresivamente por el consumo real y la calidad de los servicios públicos, mejorando el bolsillo de los colombianos.

Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, Ciudad y Terriorio, explicó en un comunicado que la CRA, entidad adscrita a la cartera, está trabajando en el proyecto regulatorio para definir la manera y condiciones de cómo se podrá aplicar la progresividad.

Malagón agregó que la meta es que esta iniciativa sea expedida mediante resolución de la Comisión en un lapso de dos meses.

“La idea es abrir la posibilidad para que los usuarios puedan pagar paulatinamente y no de contado las nuevas tarifas que entraron a regir a partir de este año, producto del nuevo marco tarifario de servicios públicos para pequeños prestadores”, indicó.

El proyecto de progresividad fue incluido en sesión extraordinaria del 21 de marzo de 2019, y aunque hasta ahora está en estudio por parte de los comisionados, desde ya hay gran interés para poder brindar la sostenibilidad financiera necesaria a los prestadores y así garantizar las inversiones y servicios de calidad a los habitantes.

Lea también Los estratos altos son los que más consumen agua

 José Luis Acero, viceministro de Agua y Saneamiento Básico, explicó que por iniciativa del Gobierno Nacional desde enero de 2019 se solicitó a la CRA, analizar y estudiar los impactos de la aplicación de la Resolución 825 de 2017 sobre las tarifas de acueducto y alcantarillado en municipios menores a 5.000 suscriptores”, agregó.

“El análisis del impacto tarifario de la resolución indicó que en algunos casos era conveniente considerar la progresividad en los impactos sobre la tarifa de esta nueva metodología”, agregó. 

Acero explicó que se espera que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), defina el alcance de este nuevo marco con progresividad, y en las próximas semanas se publique la nueva resolución para participación ciudadana, a fin de que sea aplicada en el menor tiempo posible.