El contrabando de acero y sus derivados es un problema para la economía del país.

María Lorena Gutiérrez, ministra de Comercio, Industria y Turismo, manifestó su preocupación sobre este tema, especialmente porque, según ella, algunos constructores están usando barras de contrabando provenientes de Venezuela en las edificaciones, sin importarles que estas no cumplen con los requerimientos de sismo resistencia exigidos por la ley.

Con esta práctica, en la que los empresarios se pueden ahorrar entre un 10% y 15% en la inversión, los constructores estarían poniendo en riesgo la vida de las personas, porque las edificaciones donde se usen estos materiales se pueden caer, aseguró la funcionaria.

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La ministra hizo un llamado a los empresarios, especialmente a los de la zona fronteriza, a no comprar estos materiales de contrabando.

Esta fue una de las razones por las que el Ministerio de Comercio lanzó una ofensiva para limitar el contrabando de acero, chatarra y sus derivados, tanto de Venezuela, como de otros países.

Pero el tema venezolano no es nuevo. Andrés Ramírez, presidente de la Cámara Colombiana del Acero (Camacero), indicó que el ingreso de láminas de acero de contrabando es una realidad que ya se siente en Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. 

Lo preocupante del contrabando desde el país vecino es que aparte de la modalidad de tráfico por las trochas señalado por el director de la Dian, Santiago Rojas, también existe el contrabando que se hace aprovechando el diferencial cambiario entre las monedas de los dos países y las diferentes cotizaciones del dólar que hay en Venezuela.

El vocero de Camacero indicó que han detectado movimientos en donde el producto entra con papeles legales, “pero el contrabandista compra dólares negros en el mercado venezolano y luego con la tasa oficial compra acero muy barato, después lo pasa y lo pone en el mercado colombiano a un precio más bajo de lo que se mueve en el país”.

Bajo esta modalidad, dichos comerciantes ponen hasta una tonelada de lámina de acero en el mercado nacional invirtiendo 110 dólares, mientras que una tonelada que llega a uno de los puertos nacionales le cuesta a un importador cerca de 700 dólares.

El otro gran dolor de cabeza en este mercado del acero ilegal es el proveniente de China, principal productor y vendedor número uno que tiene la industria nacional. 

Al respecto, Rojas señaló que se han identificado modalidades como la de las empresas chinas que emiten doble facturación: una con el precio antidumping –superior a 360 dólares por tonelada– y otra con el precio real, que es mucho más bajo. Además, ya se identificó la triangulación de facturas entre países para esconder la procedencia real del acero chino y, por último, la falsificación de facturas.