Averiguaciones preliminares contra 19 empresas de energía, acueducto y alcantarillado en diferentes regiones del país inició la Superintendencia de Servicios Públicos, con el fin de determinar si hubo irregularidades en la medición de consumos y facturación de los servicios durante la cuarentena por COVID-19.

“Estas indagaciones preliminares se iniciaron como resultado de quejas y reclamos sobre cobros en las facturas presentados por usuarios, autoridades y congresistas, entre otros dirigentes. Nuestra gestión en esta etapa es determinar si hubo o no incumplimientos al régimen de los servicios públicos domiciliarios en relación con la obligación de facturar la prestación del servicio con base en la medición real del consumo y no por promedio”, explicó la superintendente, Natasha Avendaño García.

Entre las empresas que son objeto de esta averiguación preliminar está Enel – Codensa (empresa sobre la que se recibieron al menos 9.000 denuncias), la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá, Triple A de Barranquilla, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, Aguas de Manizales, la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, el Acueducto y Alcantarillado de Popayán y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San José del Guaviare.

Estas indagaciones preliminares se suman a las tres iniciadas la semana pasada contra Cedenar, Alcanos y Gases del Caribe.

Las restantes 10 prestan sus servicios en municipios intermedios como la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios Industrial y Comercial del Estado de Miranda (Cauca), Empresas Públicas Municipales de Chinácota (Emchinac E.S.P) (Norte de Santander), Empresas Públicas de San Rafael y Empresas Públicas de la Ceja (Antioquia), Empresa de Servicios Públicos de Chaparral (Tolima). Aguas de Puerto Wilches (Santander). Aguas Manantiales de Pácora (Caldas). Aguas de la Sabana (Sucre y Córdoba), Empresa de Servicios Públicos de Villanueva (Casanare) y Empresa de Servicios Públicos de Tabio (Cundinamarca).  

En esta etapa, la Superintendencia deberá establecer si los hechos denunciados ocurrieron, si las empresas incumplieron la regulación o si estaban amparados en alguna norma o disposición legal.

“Es importante precisar que, en cumplimiento del debido proceso establecido por ley, este procedimiento es una primera fase; en la que buscamos determinar si hubo acciones contrarias a la normatividad legal vigente por parte de los prestadores, para dar paso a investigaciones administrativas que puedan terminar en sanciones”, indicó la funcionaria.