En Norte de Santander cerca de 18.000 muertos dejaron de cobrarle al Sisbén desde sus tumbas. En los dos últimos años, el Departamento Nacional de Planeación viene adelantado un proceso de depuración de las listas del Sistema de Identificación de Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), para evitar que los recursos destinados para los menos favorecidos se siguieran perdiendo por las malas prácticas de algunos ciudadanos.

El director del DNP, Luis Fernando Mejía, indicó que entre 2015 y 2017, cerca de medio millón de colombianos que estaban muertos y que aún aparecían dentro de los beneficiarios del programa, fueron eliminados de las listas. 

Pero esta modalidad, en donde había suplantación de información, es tan solo una de las varias modalidades utilizadas para robar a los colombianos. “La gente piensa que está robando al Gobierno y no es así, porque le están quitando la plata al resto de los ciudadanos”, afirmó Mejía. 

Otra de las prácticas identificadas por el departamento de planeación es el de los cambios injustificados en las características de vivienda para bajar la calificación en el sistema. Uno de los ejemplos sobre este tema es el de personas que en una encuesta decían que su vivienda tenía piso de cerámica o terminado y en la siguiente que la casa era con piso de barro.

Por estos cambios sin explicación ni sustento, el DNP puso la lupa sobre 5.200 personas, de las que hoy solo quedan inscritas en el Sisbén cerca de 150, pero aún con procesos de seguimiento.

Uno de las trampas que más preocupa a la entidad es el de los ciudadanos que a pesar de tener ingresos mensuales altos (superiores a $3,8 millones) se están beneficiando de los subsidios establecidos por el Gobierno Nacional para las familias de estratos bajos. En Norte de Santander se identificaron más de 600 casos de esta naturaleza, 100 de ellos en Cúcuta.

Este control “no lo podemos hacer nosotros solos, requerimos de la colaboración de la ciudadanía que ya ha denunciado fraudes al sistema. Tenemos 29 denuncias en Norte de Santander, 25 en Cúcuta, cartas a puño y letra diciéndonos: mire estas personas tiene tantas propiedades, este negocio. Fundamental que nos sigan ayudando para depurar”, agregó Mejía.

El funcionario del ente nacional recordó que el fraude en documento público-privado es un delito y como tal puede tener consecuencias penales y por eso el DNP tiene un convenio con la Fiscalía General de la Nación, entidad que ya está adelantando las investigaciones pertinentes. Además hay otro acuerdo con la Registraduría Nacional para tener información casi que en tiempo real sobre las personas que mueren y así borrarlas de la lista rápidamente.