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Domingo, 24 Mayo 2015 - 10:57am

La polémica venta de Isagén

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, entregó un recurso de  súplica para permitir la venta.

Temas - Isagen
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Los recursos por la venta de Isagén, según el Gobierno, serán destinados a proyectos de infraestructura.
/ Foto: Archivo
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Mientras que el Gobierno dice que la inversión privada capitalizaría a Isagén, la oposición afirma que una empresa mixta de control del Estado y eficiente es necesaria para la infraestructura eléctrica.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas afirmó que  la venta de la empresa generadora de energía es vital para los proyectos de infraestructura que requiere el país. Aún más teniendo en cuenta que todas las propuestas para conseguir recursos adicionales son inviables, como la emisión monetaria por parte del Banco de La República, que traería una nueva ola de inflaciones al país.

Los demandantes alegan un posible detrimento de los recursos públicos, pues esta generadora de energía, la tercera más grande del país, no solo venía a buen ritmo, sino que acaba de empezar las operaciones de Hidrosogamoso, un embalse en el que se invirtieron $4 billones para ampliar la capacidad energética de la empresa

Su pretensión es que se detenga el proceso, pero el Gobierno insiste en que es necesario obtener esos recursos para inyectarlos a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), cuya misión es la de financiar obras de infraestructura en el país.

En medio de una lluvia de críticas, que van desde advertir que el precio base para arrancar la subasta, $5,3 billones, es muy bajo y no se amparó en estudios técnicos sobre el valor real de la empresa, hasta la afirmación de que la plata podría ser utilizada para cubrir el hueco fiscal que se formó en las cuentas públicas, el Gobierno está apurado con los tiempos. Si el nudo jurídico no se desata pronto, los interesados pueden dar marcha atrás.

La venta de Isagén, que le puede generar a la Nación recursos de entre $4,7 billones y $9,3 billones, es una de las pocas alternativas que existen, según el Estado, para financiar los proyectos de las nuevas concesiones viales de cuarta generación, el plan más ambicioso de inversión en infraestructura de transporte que ha emprendido Colombia.

El ministro de Hacienda entregó el jueves pasado ante el Consejo del Estado un recurso de súplica por el que busca que se levante la medida cautelar, que el tribunal emitió al final de la semana pasada, que interrumpió la venta de la central eléctrica.

Lo bueno

Infraestructura

El Gobierno argumenta que la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) apalancará los recursos que se obtienen por venta de acciones de Isagén hasta 5 veces, por lo que los recursos de esa empresa podrán convertirse en $25 billones que se podrían invertir en la construcción de las vías de cuarta generación en el país.

Comercio exterior y turismo

Debido a la construcción de estas nuevas y modernas vías, según el Gobierno, se generaría un incremento generalizado del transporte interregional, así como mayor turismo, mayor tráfico de pasajeros y mayor comercio exterior. Crecerían las exportaciones y se generaría un efecto muy positivo sobre la distribución del ingreso.

Empleo

El Gobierno mantiene la idea de que con los recursos de la venta del 57,6 por ciento de las acciones de la firma, se generará empleo. Según este, los recursos son necesarios para los grandes proyectos de infraestructura, que generarán miles de empleos por todo el país.

Crecimiento de la economía

La ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) estima que en la etapa de construcción el proyecto 4G genera por lo menos 1.5 puntos adicionales del PIB por año y que en total aportará alrededor de 5 puntos del PIB en forma permanente si se tienen en cuenta los beneficios en reducción del costo de transporte, tiempo de viaje y competitividad que se derivan de ejecución del 4G.

Lo malo

Privatización de servicios públicos

La venta de la generadora de energía traería serias desventajas con respecto a la privatización de servicios públicos. Este proceso no solo limitaría el control del Estado sobre los precios de este servicio, sino que también haría que el Estado deje de recibir ganancias por los dividendos que produce esta compañía, por cerca de medio billón de pesos anuales.
 
Limita la expansión eléctrica

Con la venta se pasa a depender de las acciones de los privados para expandir la oferta energética. Las empresas privadas del sector registran en los últimos 25 años escasa inversión en generación cuando no ven utilidades inmediatas, generando inestabilidad en el sistema eléctrico y poniendo en riesgo la incipiente industrialización nacional. El Gobierno argumenta que Isagén es una de las pocas empresas que está incursionando en nuevos proyectos energéticos, con 7 proyectos en estudio, que incluyen energía limpia, como la eólica.

Impactos sobre las finanzas de la Nación

Aunque se dice que la venta de las acciones le podría dejar al Estado recursos entre $4 y $9 billones, la Contraloría afirma que los impactos fiscales del programa de construcción de cuarta generación de concesiones viales son de difícil cuantificación y además no se manifestarán de manera inmediata.

Por el contrario, la falta de ingresos por la venta de la central eléctrica sí tendrá un efecto inmediato sobre las finanzas de la nación. La Contraloría argumenta que los ingresos operacionales de Isagén crecieron 59% entre 2010 y 2014, permitiéndole generar utilidades de $443.000 millones  en promedio durante este período, de las cuales el 57,6 por ciento corresponden a la nación.

Impactos sociales y ambientales

La empresa ha sido líder en responsabilidad social durante su trayectoria, en la ejecución de obras en cada una de sus hidroeléctricas ha tenido proyectos de protección ambiental en bosques y agua.

Además ha entregado vías, puentes vehiculares, escuelas e inversiones de desarrollo ambiental como parques naturales. Isagén es propietaria de más de 23.000 hectáreas y espacios de agua; además de 5.200 m³ de agua, y alrededor de sus zonas protegidas tiene más de 1.000 especies que están siendo salvaguardadas. Críticos indican que el Gobierno está entregando el control de un recurso natural como el agua, el cual es considerado por expertos como el oro líquido del futuro.

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