La Cámara de Comercio de Cúcuta considera que la Ley Anticontrabando es una herramienta para combatir la competencia desleal a la que se ven expuestos los comerciantes legalmente constituidos. 

La entidad ve con enorme preocupación todos los efectos negativos que trae el contrabando al desarrollo de la economía regional. 

“Este flagelo estimula y financia organizaciones criminales, impactando negativamente en la seguridad de todos. Afecta el empleo y la productividad, pues obliga a los productores nacionales del agro y la industria a enfrentar una competencia desleal”, señala en un comunicado. 

Además, dice la Cámara, esta actividad ilegal, al no pagar impuestos, limita las capacidades del Estado de llevar a cabo polí- ticas sociales y de fomento de la actividad productiva. 

“Vemos con beneplácito que esta nueva regulación traerá ventajas a las empresas formales legalmente constituidas, y a la seguridad de la región. 

También creemos que se deben hacer varios ejercicios de socialización y acompañamiento de esta iniciativa, así como una estrategia de alto impacto para la generación de empleo formal en las zonas de frontera del país”, afirmó el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, José Miguel González. 

La Ley está enfocada a los grandes contrabandistas, “pero sabemos que hay pequeños comerciantes que se dedican a esta actividad ilegal, que viven de esto. Hay un tema social que se debe revisar, se debe hacer una socialización de la ley, y es necesario llevar a cabo planes de acción para incentivar el empleo formal y legal”, señaló González. 

El dirigente gremial considera que para combatir el contrabando en la zona fronteriza y aumentar el empleo formal, es imprescindible acelerar la inversión pública, con proyectos de infraestructura, acueductos, planes como el Gramalote. 

Otra forma de motivar la economía a nivel local es a través de incentivos para los empresarios, mejorando el ambiente de negocios en la ciudad, también, es importante la adecuación de servicios públicos eficientes, y servicios tributarios atractivos, además de promover la inversión privada nacional o extranjera. 

La ley fue aprobada en su última discusión y entrará en vigencia una vez sea sancionada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón.