El diferencial cambiario entre Colombia y Venezuela, que en los últimos años no ha hecho más que jugar a favor de los habitantes de Norte de Santander, tiene también una cara menos amable: la de un departamento golpeado cada año en sus finanzas públicas por la caída en los ingresos inherentes al cobro de impuestos por la entrada de mercancía importada legalmente.

La ecuación es sencilla: devaluación –aquella que le ha permitido al peso hacerse más que nunca a un mayor número de artículos producidos en el vecino país, disparando el contrabando a niveles alarmantes, amenaza con hacer estragos en una economía regional sin tradición industrial.

Tan solo el año pasado, la Secretaría de Hacienda de Norte de Santander reportó una disminución de $2.013 millones en el cobro de impuestos de libre destinación. Los recursos por este tipo de gravámenes, usados para la financiación de proyectos como la construcción de escuelas, puestos de salud, pavimentación y arreglo de vías, entre otros, pasaron de $88.020 millones en 2012 a $86.007 millones en 2013.

Los productos que más se mueven ilegalmente por los 117 kilómetros de frontera que comparten Cúcuta y los municipios aledaños con Venezuela son los que más afectan las arcas departamentales.

El mejor ejemplo de ello es la cerveza, principal fuente de recaudo. En Cúcuta, en cada celebración, muchas familias −por ahorrar unos pesos− van a los municipios fronterizos de Ureña y San Antonio (Venezuela) a comprar esta bebida o lo adquieren en ventas ilegales de Cúcuta, sin saber que por cada unidad comprada que no esté debidamente legalizada, se están dejando de aportar $538 para diferentes proyectos.

Este es el valor del impuesto que se debe pagar para comercializar en el departamento una cerveza de cuatro grados de alcohol y 330 centímetros cúbicos. Es decir, que por cada caja de 30 cervezas se están resignando $16.140 de inversión.

Durante el 2013, por el gravamen al producto hecho a base de cebada se recogieron $50.826 millones, el 59 por ciento del total de los impuestos de libre destinación. Una cifra que podría aumentar si la compra de productos de contrabando a mayor y menor escala no estuviera tan implantada en la cultura cucuteña.

Según explicó el teniente coronel Rodolfo Carrero, comandante de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) del Área Metropolitana de Cúcuta, del total de mercancía que ingresa de manera ilegal por la frontera tan solo el 20 por ciento es incautado, lo que demuestra la gravedad de esta problemática.

El año pasado, la Secretaría de Hacienda y la Polfa se incautaron de 109.136 unidades de cervezas, sin embargo, el número de unidades que lograron comercializarse en el departamento, sin ningún tipo de restricción, superaron las 400.000 unidades. Si estas hubiesen entrado de manera legal, el recaudo de impuesto habría aumentado en $215 millones.

Este cálculo se repite en los demás productos: cigarrillo, licor,-especialmente whisky y vodka. En el caso de estos dos últimos, el impuesto por una botella de 750 centímetros cúbicos, con 40 grados de alcohol, asciende a $18.920. En 2013, la incautación de botellas de licor fue de 46.571 unidades.

Problema cultural

La frase “cucuteño que no haya comprado contrabando no es cucuteño”, es la mejor forma de explicar el arraigo  de esta actividad en la ciudad.

Aunque es comprensible, teniendo en cuenta los beneficios que ofrece el bajo precio del bolívar, el secretario de Hacienda de Norte de Santander, Édgar Rodríguez Silva, manifestó que el contrabando, con muchos o pocos productos, genera un impacto negativo en las finanzas públicas. “Por ejemplo, la meta de 2013 no se cumplió y esto obligó a entrar en un plan de austeridad, evitando la inversión en obras para el bien de la comunidad”.

Esta forma de actuar, que nació hace más de tres décadas y se fortaleció durante muchos años bajo el precepto de “dejémoslos trabajar porque de qué van vivir”, tiene hoy a las autoridades luchando contra grandes mafias organizadas dedicadas al contrabando y toda clase de negocios ilegales que se generan a su alrededor, demostrando que esta no es una actividad inocente.

El director de la Polfa en la zona metropolitana dijo que de nada sirven los operativos si al otro día la gente nuevamente está vendiendo y comprando los mismos productos en los mismos lugares. “Hay que hacer sellamientos y concientizar a la ciudadanía de la importancia de comprar legal”.

Según explicó el oficial, las personas están tan acostumbradas a hacer esta práctica que se atreven a reclamar y decir que no están haciendo nada ilegal cuando les retienen la mercancía.

Con este panorama quedan varios puntos sobre la mesa. ¿Qué pasaría si la frontera se cierra o se militariza? ¿Está la gente preparada para comprar solo productos legales en la ciudad con el fin de aumentar los recursos para proyectos de inversión? o ¿prefieren arriesgarse y comprar más barato echando en saco roto los proyectos de futuro para la región?