La Alianza Público Privada (APP) que asumiría el control del tránsito, incluida la modernización de la red semafórica y la construcción de nueva sede para la entidad, ya no va.

Así lo dejó entrever el alcalde, Donamaris Ramírez, al responder a la pregunta sobre si ese proceso continuaba: “seguramente se va a caer y no se podrá continuar”.

Ramírez se basó en un concepto del ministerio de Hacienda, según el cual solo se puede invertir 12 por ciento de los recursos locales en la APP, porque tiene carácter público.

Señaló que el proceso para la modernización del Tránsito avanzaba sobre concepto de otro organismo estatal según el cual las APP tienen carácter privado, y así se podía destinar 70 por ciento de las multas al proceso.

Ramírez lamentó el traspié, debido a que Cúcuta no tiene recursos propios para modernizar su red semafórica, menos para asumir conjuntamente el pago de la Policía de tránsito ni financiar una nueva sede para el organismo del transporte.

“Buscamos otros caminos para financiarlo”, dijo. “Se requieren 50 mil millones de pesos”.

No obstante la noticia, Ramírez se comprometió a que en su mandato Cúcuta tendrá una red moderna de semáforos.
 

Se veía venir

La caída de la APP se veía venir, según se desprende del proceso que completa dos años de iniciado por aprobación del Concejo.

En febrero, el interrogante de quién asumiría la APP y cómo se iba a financiar el proyecto andaba en el limbo; en ese momento estaba en la etapa de prefactibilidad.

En esa ocasión, la alcaldía anunció que el único proponente interesado en la APP era la Sociedad Futura Movilidad de Cúcuta S.A.

Dijo, además, que  el municipio tendría una utilidad al término de los 20 años del contrato, que prácticamente entregaría el Tránsito a cambio de 90 mil millones de pesos.

La ganancia, según la alcaldía, estaría representada en la reposición de la red semafórica (144 intersecciones con 420 semáforos), una nueva sede administrativa, nuevo parque automotor para la operatividad del Tránsito y la infraestructura de señalización renovada.

Asimismo, la APP asumirá también los costos de funcionamiento de Tránsito, unos $4.000 millones, y tendría bajo su responsabilidad la recuperación de la cartera morosa por multas y comparendos, que asciende a la fecha a unos $12.000 millones.

En las actuales condiciones, según Ramírez, Tránsito no tiene el personal idóneo para recuperar y recaudar esa cartera, ni los recursos para encarar el reemplazo de la red semafórica, ni siquiera acudiendo a un crédito con la banca, dado que no se cuenta con capacidad de endeudamiento.

No obstante, el proceso ya tenía en la Procuraduría y la Contraloría quejas ciudadanas de inconformidad con el proceso.

Incluso, el Concejo cuestionó en varias oportunidades la APP, al considerar que el municipio tenía la suficiente capacidad financiera para modernizar su red de semáforos.

El concejal Víctor Suárez enfatizó en que no toda la red de semáforos había cumplido su ciclo de vida útil, como se argumentó, por lo que era responsabilidad de Tránsito hacerle mantenimiento correctivo y preventivo.