Es como si estuviéramos pagando una penitencia, dijo Marta Lucía Mora Cárdenas, de Ciudadela Atalaya, a quien los paramilitares le asesinaron a su esposo el 16 de junio de 2000.

Lleva 14 años suplicando la reparación del homicidio de su compañero, ante Justicia y Paz de la Fiscalía, y ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Esta última entidad, según oficios del 26 de febrero de 2013 y del 3 de abril de 2014, firmados por la directora, Paula Gaviria Betancur, le reconoció la inscripción del nombre de su compañero en el registro nacional de víctimas y la indemnización que otorga el estado.
 
Sin embargo, “a la fecha, nada de lo escrito en ambos oficios se ha hecho realidad, es decir, no me han reconocido la reparación, y por el contrario, cada vez me ponen más trabas”, dijo Mora.

Para obligar a la Unidad de Víctimas a satisfacerle su derecho, planteó una tutela que falló a su favor el Juzgado Segundo del Circuito de Cúcuta, pero aun así nada le reconocen.

Por el fallo de tutela, Gaviria y otros dos funcionarios de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas incurrieron en desacato, “pero antes de que se hiciera efectiva la sanción de arresto, de esta oficina me llamaron a conciliar y me dijeron que desistiera y que en cuestión de días me harían efectivo el reconocimiento de la indemnización”, dijo Mora.

Sin embargo, la sorpresa que se llevó semanas después fue una llamada de la oficina de Gaviria en Bogotá, señalándole que debía volver a declarar su caso ante el la Personería de Cúcuta, dado que la primera declaración la hizo ante Justicia y Paz, que ya no existía.

“Declaré y envié documentos unas cinco veces a Bogotá, pero  tampoco se me ha reconocido la indemnización”, dijo Mora.

La directora de la Unidad de Víctimas, Carmen Eugenia Chávez, confirmó que el caso está en confrontación de la información.

Un encargado de registro dijo que al caso le apareció una nueva familiar, una hija del occiso, que reclama también su inclusión en los beneficios por la muerte de su padre.
 

Más quejas

Lo que resta —dijo—, es la valoración del caso, porque la unidad ya reconoció en el registro de víctimas al compañero de Mora, para proceder a hacer efectiva la indemnización, que asciende a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($24.640.000).

Mora aseguró que desde el 3 de septiembre que volvió a declarar no ha recibido ninguna información de su caso.

Ante quejas de víctimas que alegan desatención en la sede del barrio Los Caobos, Chávez pidió paciencia mientras se entrega la  nueva casa, en el Paseo Rojo y Negro.

Dijo que los constructores la entregarán en diciembre y que en enero ya se estará atendiendo allí todos los servicios de las víctimas.