Los trámites de la Alcaldía para la calificación del servicio de los curadores urbanos y para el concurso de méritos que se debe cumplir este año para escoger quienes ocuparán estos cargos el 10 de julio, estarían viciados.

Los cuestionamientos señalan que en los procesos se ha obrado de manera parcializada y con claro interés de dejar por fuera de toda aspiración al curador urbano número 2 Carlos Alberto Valero.

La historia comienza en la Alcaldía de Donamaris Ramírez, cuando se omitió la calificación del servicio de Valero durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015.

No sucedió lo mismo con la curadora número 1, Martha Liliana Nieto, quien aseguró a La Opinión que su evaluación se produjo el 30 de diciembre de 2016, como consta en la resolución 0607 de ese día.

Todo al tiempo

Un primer detalle que llama la atención es que Ramírez evaluó a Nieto por cuatro años (2012, 2013, 2014 y 2015). 

En esta diligencia no se explica por qué Ramírez evaluó los cuatro años de Nieto faltando un día para que culminara su administración, y no hizo lo mismo con Valero, cuando el Decreto 1077 de 2015, del ministerio de Vivienda, exige que la evaluación del servicio se cumpla una vez por año, por los alcaldes.

En el concurso de méritos que convocó el actual alcalde, César Rojas, en enero pasado, con Nieto y Valero se presentaron otros cuatro aspirantes (ver recuadro), que fueron  descalificados por no reunir méritos para ser curador.

Solo por un año

A Valero, pese a cumplir con todos los requisitos, también se le descalifica por el hecho de no contar con la evaluación del servicio correspondiente a los años 2012, 2013, 2014 y 2015, que debía hacerla la Alcaldía.

La actual administración solo lo evaluó por el año 2016 con la máxima calificación (800 puntos).

Valero dice que esto tampoco tiene explicación, dado que es la Alcaldía el ente encargado de evaluar su desempeño, como lo exige la ley.

Silencio oficial

La Opinión le preguntó al director de Planeación municipal, Orlando Joves, quien tuvo a cargo la evaluación de los aspirantes a curador, por qué en el caso de Valero se procedió a evaluar solo 2016, y no se hizo lo mismo por los años que faltaban de su desempeño, pero el funcionario guardó silencio.

El alcalde, César Rojas, por su parte, respondió que a él no le correspondía evaluar los años de su antecesor Donamaris Ramírez.

Esto riñe con lo que le respondió Joves a Valero en su reclamación presentada en febrero, de por qué no se le hizo la evaluación de los cuatro años que hacían falta de su desempeño: “(Valero) no solicitó la calificación”.

¿Omisión premeditada?

La ley no señala en ninguno de sus apartes que los curadores deban solicitar la evaluación, dijo Valero, por lo cual queda al descubierto que “hubo omisión y se trató de una acción premeditada de la alcaldía para dejarme incurso en inhabilidad”.

Pero hubo otro hecho que tampoco encaja con lo que señala la norma en cuanto tiene que ver con los plazos para la apertura del concurso de méritos y la calificación de desempeño.

En esto, la Alcaldía no obró en tal sentido, ya que si bien el concurso se convocó en el plazo contemplado, no se hizo lo mismo para la calificación de desempeño que estuvo a cargo de la universidad Simón Bolívar, la cua, para el caso de Martha Liliana Nieto, se dio en febrero, y no en noviembre del año pasado, como lo contempla la norma.

Solo un admitido

Por ahora, solo la curadora urbana Martha Liliana Nieto está admitida por la Alcaldía para repetir periodo a partir del 10 de julio.

Según la resolución 002, del 13 de febrero de 2017, no fueron admitidos tras el concurso de méritos, Luis Lizcano, Blanca Zoraida Jaimes, Marcos Martín Carrero Lamus, Carlos José Martínez y Carlos Alberto Valero.

Al ser indagada sobre su admición y sobre el proceso de calificación, tanto del servicio como del desempeño, Nieto dijo que prefería guardar silencio. Se limitó a decir que había concursado y que estaba dentro de un proceso.

El periodo de los curadores es de cinco años y, según conoció La Opinión, a partir del presente año su designación dejará de ser competencia de la Alcaldía, para pasar al resorte de la Superintendencia de Notariado y Registro.