El contexto de la frontera y las posibilidades que da para que se genere el delito de trata de personas llevó a la Universidad Simón Bolívar, la Gobernación, la Defensoría del Pueblo y Acnur a analizar las condiciones locales para prevenir estos hechos. Aunque Norte de Santander ocupa el séptimo puesto nacional en ocurrencia de casos, la naturalización de los mismos podría dejar un subrregistro.

Aura Marcela Tapias, trabajadora social, explicó que aún se está a tiempo de actuar pues “si nos aliamos sociedad civil, gobierno y academia podemos articular esfuerzos y vínculos para afrontar este fenómeno, que aún sigue siendo un delito invisibilizado y no reconocido”.

Por su parte, Jakeline Vargas, investigadora de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, expresó que la migración es uno de los riesgos asociados a la trata de personas: se relaciona con explotación sexual y laboral, dadas las condiciones de vulnerabilidad de los ciudadanos extranjeros, cuyos casos deben ser atendidos oportunamente, para evitar peores condiciones.