Buscan mejorar el entorno y consolidar la paz en la población víctima.
Unidad para las víctimas, Acnur y Koica intervendrán dos barrios de Cúcuta
En los barrios Camilo Daza y Scalabrini de Cúcuta, se llevará a cabo un proyecto piloto que tiene como propósito implementar soluciones duraderas que mejoren la calidad de vida de la comunidad.
La Unidad para las Víctimas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y la Agencia de Cooperación de Corea (KOIKA), trabajarán por dos años con esta población víctima, con el fin de mejorar el entorno y consolidar la paz.
Las organizaciones vinculadas realizaron un recorrido por los asentamientos, para conocer el lugar y entablar vínculos con la sociedad.
Son más de 700 familias las que viven en Camilo Daza y cerca de 180 en Scalabrini, las que se ubicaron en los barrios de propiedad privada como invasores desde hace 30 años.
En la iniciativa, se hará la legalización de los barrios, en la cual se plantean zonas de recreación, instituciones públicas, escuelas, colegios, centros de salud, entre otros.
Asimismo, el proyecto apoyará en los temas más significativos y relevantes para la comunidad, y permitirá que los habitantes definan un programa de generación de ingresos que les brinde la reconstrucción del tejido social, el cual les servirá como refuerzo en su mejoramiento de su calidad de vida.
La coordinadora nacional de Koica, Edna Pulido, recalcó que “los actores vinculados vamos a comenzar a trabajar en el acompañamiento a la población desplazada con el apoyo de las instituciones de la ciudad”.
En el recorrido y socialización del proyecto participaron, además de Edna Pulido, los funcionarios de la Unidad en Norte de Santander y Arauca, Fabio Pulido y Nelly Flórez.
Al final, presentaron la propuesta al alcalde César Rojas, a su gabinete, y a representantes de varias ONGS que trabajan con población vulnerable de estos barrios.
Cabe resaltar, que la legalización de los dos barrios no tiene que ver con la titulación de los predios, pues en estos casos se requieren acuerdos con los dueños de los terrenos, sin embargo, estos últimos deben ceder al municipio las áreas comunes para que se puedan adecuar.
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