Presuntos sobrecostos en un contrato de suministros de materiales médico- quirúrgicos celebrado en plena pandemia del coronavirus en la ESE Imsalud tiene en el ojo del huracán a la saliente gerente de esa entidad Katherine Calabró.

La noticia se conoció al término de la rueda de prensa conjunta que ofrecieron a los medios de comunicación la Contraloría General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía, en el marco de la campaña denominada ‘Transparencia para la emergencia’.

En la conferencia, los jefes de los tres entres de control ofrecieron un balance sobre las acciones desarrolladas para verificar irregularidades en la ejecución de los servicios públicos para enfrentar la pandemia de coronavirus y sancionar a los responsables.

El procurador general Fernando Carrillo, el fiscal general Francisco Barbosa y el contralor general Felipe Córdoba hablaron sobre las actuaciones de cada organismo.

Carrillo reveló  que hay varios procesos disciplinarios uno de ellos en Norte de Santander, por ejecución de recursos públicos durante la pandemia de COVID-19.

A su turno, Córdoba se refirió de manera precisa al contrato 20-4-10679774-9795097, del 30 de marzo de 2020, suscrito con Ana Dolores Pacheco Corredor, para compra de material médico quirúrgico (almacén) con destino a las 37 Ips que conforman la red prestadora de servicios de salud de la ESE Imsalud.

El ente de control identificó “siete ítems en los cuales existen presuntos sobrecostos. En los ítems 8 y 9 se contratan manómetros para balas de oxígeno grande y portátil respectivamente, por un valor unitario igual en ambos casos del orden de $459.000. Según la verificación de la CGR, los sobrecostos en estos dos ítems pueden alcanzar más de $40.000.000”.

La Opinión contactó a la gerente de Imsalud para que nos diera a conocer sus impresiones sobre la noticia de la Contraloría y en su respuesta señaló que no ha sido notificada de ninguna investigación de ningún tipo en relación con hechos ocurridos durante la emergencia decretada por la pandemia de COVID-19.

Sin embargo –explicó-  que es importante resaltar que esta situación (de emergencia por el coronavirus) ha planteado retos importantes para la prestación del servicio de salud de los cucuteños, e Imsalud ha puesto todos sus esfuerzos en garantizar la disponibilidad de los elementos y recursos materiales para atender la emergencia, bajo un estricto cumplimiento de la normatividad vigente y en procura de lograr una adecuada prestación de los servicios de salud.

La Contraloría General de la República comenzó a tomar medidas por los presuntos sobrecostos que ha detectado en contrataciones realizadas para atender la emergencia sanitaria por la COVID-19, de lo cual se conoció de manera extraoficial que en Cúcuta le siguen la pista a varios contratos.

Auditoría analiza contratación

Por otro lado, se conoció igualmente que la Auditoría General de la República solicitó a la administración de Jairo Yáñez la relación de todos los contratos celebrados en la época en que se decretó la emergencia sanitaria, la cual fue decretada por el municipio a partir del pasado 20 de marzo. De este proceso no se conoce aún un dictamen definitivo.

 No obstante, La Opinión conoció que en ese decreto de urgencia manifiesta la alcaldía habría cometido un error al no establecer el término, es decir, hasta cuando rige, como lo demanda la ley.

La contralora municipal, Martha María Reyes, en un oficio que le dirigió el 22 de abril al alcalde Jairo Yáñez, le menciona que en una revisión que hizo de la contratación hecha por la alcaldía en el lapso del 20 de marzo al 22 de abril “se encontró que esta no ha sido reportada oportunamente en el Secop. Incluso, muchos contratos no se han publicado en este portal de contratación del estado”.

Además, Reyes le hace ver al gobernante local que no ha enfatizado la contratación a atender el clamor de los más pobres de la ciudad, que requiere la provisión con urgencia de alimentos.

Frente a estas apreciaciones, Yáñez dijo a medios de comunicación locales que hay unos principios éticos y morales que se han venido planteando desde el año anterior, y a eso nunca se va a renunciar. “Nosotros hemos llamado a los órganos de control para que de inmediato procedan y revisen hoja a hoja, pliego a pliego y párrafo a párrafo la contratación”.

Yáñez cuestionó la difamación que se hace de su actuar en algunos medios de comunicación, “que sin conocer en detalle emiten puntos de vista sin sustento”.

“Lo que nosotros le pedimos a los órganos de control es a que nos acompañen permanentemente en las cuestiones de compra, de entrega, para que se constate pelo a pelo, nosotros estamos dispuestos a demostrar la idoneidad”, dijo Yáñez. Agregó que si algún funcionario suyo se equivoca (e incurre en corrupción) la paga.

Sobre lo dicho por la Contraloría Municipal, dejó entrever que son supuestos. “Estamos esperando que se demuestren las denuncias con pruebas”.

La contratación –dijo- está delegada a los funcionarios de la alcaldía, son 25 empresas y todas cumplen procedimientos.