Con un total de 8.666 expedientes abiertos, a la fecha, en la jurisdicción contencioso administrativa de Norte de Santander, se hizo un llamado para que las instituciones tengan políticas de prevención del daño jurídico.

La recomendación se hizo en desarrollo del foro Cultura de la legalidad, efectuado ayer en la Universidad Libre, al que asistieron magistrados del Consejo de Estado y del Tribunal de Cúcuta.

Allí, se explicó la importancia de la descongestión judicial y se dio a conocer el impacto favorable de la gestión previa, para mitigar las demandas.

Según se reveló, las demandas más frecuentes ocurren por mora en pago de cesantías, reliquidación de pensiones a servidores públicos, y errores en la contratación por prestación de servicios, en las entidades del Estado.

Así mismo, se conoció que el 27 por ciento de las demandas se hacen contra hospitales y entidades de salud por fallas en la prestación del servicio.

En segundo lugar están las querellas de soldados regulares por lesiones, seguida de demandas por privación injusta de la libertad, con un 22 por ciento.

Durante la jornada, se insistió en que estas demandas se pueden prevenir y dependen de la oportuna acción de los equipos de las instituciones y las administraciones locales.

En ocasiones, en materia de gestión pública, las quejas tienen origen en el desconocimiento de las normas, por temas de impuestos, contratación, retiro de servicios de personal sin llenar los requisitos legales que, sin ser abordados con la rigurosidad jurídica, terminan en los tribunales.

La Opinión