Desde las 9 a.m. de este lunes, conductores de transporte escolar llevaron a cabo una manifestación pacífica, en medio de una caravana que arrancó desde el Centro Comercial Jardín Plaza hasta la Plaza de Banderas, en Cúcuta.

Sin bloquear las vías, los conductores buscaron visibilizar su problemática, con la intención de solicitar apoyo a las autoridades locales.

De acuerdo con José Vera, vocero de los transportadores escolares, son más de 400 familias afectadas a causa del confinamiento, que busca evitar la propagación de la COVID-19.

Declaró que en lo corrido del año sólo han trabajado un mes (febrero), pues diciembre y enero, siguiendo el calendario escolar de los estudiantes, son meses en los que estos aún se encuentran en vacaciones.

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“Nosotros llevamos parados desde mediados del marzo, aún así, durante la cuarentena, debemos cubrir gastos de mantenimiento de vehículos, que oscilan los $3 millones”, compartió Vera.

Ante esta problemática, el sector solicitó apoyo al Gobierno local, como por ejemplo, el congelamiento del pago de la póliza de seguros, del Soat y de la revisión técnico-mecánica, pues según el gremio “se han cobrando sin tener en cuenta que no han podido trabajar”, dado el aislamiento social obligatorio en Cúcuta.

Otras de las preocupaciones radica en la capacidad total permitida para el transporte de los infantes, una vez se autorice el regreso paulatino a las clases presenciales, porque “si para el transporte escolar el permiso será de un 35%, ¿cuántos niños transportaría un vehículo con capacidad máxima de 14 pasajeros?”.

De acuerdo con Vera, esta medida representaría enormes pérdidas para las familias que viven de esta fuente ingreso.

“Se han tomado decisiones para el transporte público colectivo y particular, pero en este sector nos sentimos olvidados”, agregó, argumentando que por ello es la movilización. “Queremos que nos escuchen, nos apoyen y nos tengan en cuenta”, concluyó.

Otras voces

Fabio Ruiz, quien es propietario de una unidad de transporte escolar de 15 pasajeros y con dos hijos universitarios, dijo que “el gobierno del presidente Iván Duque debe echar una mirada hacia esta parte de la frontera, porque nosotros también somos Colombia, también tenemos necesidades y familia que mantener”. 

Aquí hay muchos padres y madres que consiguen en esta actividad el sustento diario, el pago de las matrículas escolares, servicios y demás, que hoy están pasando necesidades, porque por el confinamiento no han devengado un solo peso, reiteró Fabio Ruiz.  

Wendy Gutiérrez Martínez, quien trabaja transportando estudiantes desde hace varios años, explicó que pese a estar paralizados y no producir ninguna ganancia, les están exigiendo los pagos de los seguros  que varían entre $2,0 millones y $3,0 millones, y las mensualidades a la empresa donde están afiliados que oscila entre $120.000 a $150.000. “no nos han rebajado ni un mes y ahí tenemos una deuda que se acumula con el paso de los días”. 

Gutiérrez, quien tiene una hija en jardín y otra en tercer grado, dijo que el 70% del transporte escolar de la ciudad lo mueven las mujeres, la mayoría jefas de hogar, y las demás que apoyan a los esposos con los gastos del hogar, que hoy están pasando muchas necesidades.