La suerte jurídica del subcontralor de Cúcuta y ex gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta (EIS Cúcuta), Francisco Cortés, empieza a declinar en su contra.

El lunes, tras la audiencia pública de formulación de pliego de cargos, a Cortés le dictaron en primera instancia la destitución de su cargo y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 11 años.

La sanción tiene que ver con el hecho de que Cortés se posesionó en el cargo de gerente de la EIS  Cúcuta estando, al parecer,  inhabilitado para hacerlo, conforme a lo dispuesto en el decreto 128 de 1976.

Cortés fue designado gerente de la EIS Cúcuta el 10 de octubre de 2018 por la junta directiva de la entidad que presidía el entonces alcalde César Rojas. Tal nombramiento se produjo a pocos meses de haber abandonado el cargo de subcontralor, algo que va en contravía de lo consagrado en el citado decreto.

El decreto 128 de 1976, que está vigente, en su artículo 3 señala que “no podrán ser elegidos miembros de juntas directivas o consejos directivos, ni gerentes ni directores quienes  durante el año anterior a la fecha de su nombramiento hubieren ejercido el control fiscal en la respectiva entidad”, como al parecer es el caso de caso de Cortés. 

Esta inhabilidad que menciona el mencionado decreto fue la que acogió la Procuraduría Provincial para dictar la sanción a Cortés.

Se dice que el hecho se le había convertido al exgerente de la EIS Cúcuta en una inhabilidad sobreviniente, por lo tanto, la contralora Municipal, Martha María Reyes, no debió nombrarlo nuevamente como sub Contralor, a sabiendas que estaba inhabilitado, expresaron expertos en derecho cosultados por La Opinión.

En julio del año pasado, el abogado Martín Santos presentó una solicitud de revocatoria del nombramiento de Cortés en la EIS Cúcuta al entonces alcalde César Rojas, también con el argumento de se encontraba inhabilitado para ejercer dicho cargo en razón del decreto 128 de 1976.

En esa oportunidad Santos argumentó que Cortés, en 2018, se desempeñó como subcontralor del municipio, pero además adelantó un control fiscal a la EIS Cúcuta y ello lo inhabilitó para asumir el cargo de gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Cúcuta.

Añadió que la ley es muy clara en tal sentido: “no podrá ser designado gerente de empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, quien durante el año anterior a la fecha del nombramiento hubiere ejercido control fiscal en la respectiva entidad”.

Argumentó que la ley señala que el subcontralor tiene dentro de sus funciones ejercer el control fiscal.

Frente a esta solicitud, Cortés refutó que mientras estuvo en la Contraloría no participó de ningún control fiscal a la EIS Cúcuta. 

Precisó que fue la Contraloría la que adelantó una auditoría a la empresa de acueducto y alcantarillado de Cúcuta, mucho antes de llegar a ese órgano de control.

Incluso, la contralora municipal de la época, Blanca Cruz González, reconocida seguidora del condenado exalcalde Ramiro Suárez, al ser consultada sobre si Cortés se encontraba inhabilitado para asumir en la EIS, mencionó que esta incompatibilidad que surge en el canon constitucional es para el contralor, más no para los empleados de la contraloría. Dijo que mientras Cortés se desempeñó como subcontralor cumplió a cabalidad con sus funciones.

Tras la valoración que de su caso hizo la junta directiva de la EIS Cúcuta en aquella oporturillad, Cortés fue ratificado en el cargo.

No obstante, ayer, tras un proceso disciplinario que por el mismo caso llevó a cabo la Procuraduría Provincial, Cortés  fue sancionado con destitución e inhabilidad paara ejercer cargos públicos por un término de 11 años.

Apelaré: Cortés

En un comunicado a la opinión pública, Francisco Cortés confirmó la sanción en primera instancia que le impuso la Procuraduría Provincial de Cúcuta, en la que reitera la sanción disciplinaria con inhabilidad de 11 años “por supuesta inhabilidad en mi contra con ocasión del cargo que desempeñé como Gerente de la EIS Cúcuta, por presuntamente haber infringido el literal f) del artículo 3 del Decreto Ley 128 de 1976, a nuestro juicio inaplicable”.

Dijo que como servidor público ha sido su constante respetar la ley y la autoridad.

Empero, como ciudadano, expresó que los argumentos jurídicos y las pruebas que aportó (ante la Procuraduría Provincial) no fueron debidamente controvertidas por esa instancia, “que sin ningún soporte probatorio y alegando normas incongruentes para este tipo de inhabilidad, ha optado por suspenderme”.

“Por ello, en ejercicio de mis derechos a la contradicción, a la defensa y al debido proceso administrativo, invocaré las garantías procesales previstas, ante la Procuraduría Regional de Norte de Santander y la Procuraduría General de la Nación, convencido que harán un examen imparcial, coherente y jurídico, que en últimas reversará la equivocada decisión que se adopta el día de hoy (ayer)” precisó Cortés en el comunicado.

Remató diciendo que en todos los cargos públicos que ha desempeñado siempre ha actuado con apego a la ley.