En rechazo a los controles implementados por la Alcaldía de Cúcuta para recuperar el espacio público, ayer se llevó a cabo una manifestación pacífica en el Parque Santander por parte de algunos vendedores informales del centro de la ciudad.

Los denunciantes piden mejores estrategias que no vulneren sus derechos ni los acuerdos pactados con administraciones pasadas.

Coinciden que en los tratos han sido arbitrarios, en especial, con vendedores venezolanos, quienes manifestaron intimidaciones xenofóbicas.

Una de las principales afectadas ha sido Ana Vásquez, comerciante venezolana de La Sexta. Hace 5 años llegó a la ciudad con sus tres hijos, y desde entonces ha vendido productos de aseo personal en el mismo sector. Incluso su puesto de trabajo fue demarcado hace 15 días como uno de los lugares permitidos de venta informal.

Sin embargo, en los últimos días la presencia de un delegado del municipio, encargado de supervisar las demarcaciones, avivó sus más grandes temores.

Ana le manifestó el tiempo que llevaba trabajando en el mismo lugar y le pidió que la dejara permanecer allí, pero asegura que, por orden del alcalde Jairo Yáñez, la orden es que venezolanos no pueden trabajar.

“Me dijo: si yo te veo mañana aquí, yo mismo te subo a un camión y te paso para el otro lado. Le pedí que no hiciera eso, que yo tengo toda mi familia aquí, pero contestó con un rotundo no y me repitió que tenía plazo hasta el 28 de noviembre para irme”, expresó la vendedora.

El mismo funcionario le enfatizó que si quería trabajar, debía tomar una chasca con sus productos e irse a venderlos del otro lado del río.

Ante eso, tanto ella como otros vendedores informales en igual condición se han abstenido a levantar sus productos por temor a la deportación. Piden un trato más humano y solidario, sin necesidad de aplicar hostilidad.

Aun así, la realidad para los vendedores informales colombianos no es diferente. El desalojo del espacio se ha convertido en una obligatoriedad municipal que no están dispuestos a aceptar.

(Líderes de vendedores fueron convocados a los alrededores del Parque Santander en protesta por las medidas municipales. / Foto: Alfredo Estévez).

Manifestantes de los alrededores del Parque Santander coincidieron en que se trata de un irrespeto por parte del alcalde a los acuerdos firmados.

Aseguran estar regulados para mantener sus puestos ordenados en las avenidas 5 y 6 con calles 11 y 10.

Parte de esta regulación la dicta la Ley 1988 de 2019, por la cual se establecen los lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de una política pública de los vendedores informales y se dictan otras disposiciones.

“Los controles no son viables, son fracasos de hace muchos años. El alcalde está desacatando las sentencias de las altas cortes y está violando la ley. De ser así, nos vamos directamente a la parte jurídica para demandarlo ante un tribunal”, señalaron en anonimato.

Esta lucha completa 11 meses. Son alrededor de 58 familias de vendedores informales afectadas por esta medida, quienes llevan más de 20 años ejerciendo este tipo de comercio en la ciudad.

Jorge Morales, presidente de sindicato y representante de vendedores informales entre la avenida 5 con calles 9 y 13, dio a conocer a La Opinión que, cuando se adelantan operativos de control al espacio público, les envían un funcionario que convoca a los líderes.

Luego los citan en la alcaldía, pero afirman hacerles perder el tiempo, pues no les presentan soluciones compactas y la mayoría de reuniones nunca se concretan.

René Díaz Granados, secretario encargado de Gobierno, aclaró que los Gestores de Convivencia primero solicitan de manera respetuosa la retirada del sitio donde ocupan el espacio público.

En caso de insistir en permanecer, son retirados por el personal de la Policía Nacional y puestos a disposición de las autoridades competentes. Los comerciantes informales venezolanos pasan a Migración Colombia, quienes, en su competencia funcional, determinan la ruta a seguir.

“En todo caso, la población extranjera o migrante, por regulación nacional, no está autorizada para ocupar el espacio público con ventas informales”, explicó el funcionario.