Los representantes legales de la Fundación Salvemos el Medio Ambiente, Funambiente, que hasta diciembre del año pasado estuvo al frente de la concesión de la escombrera municipal, le solicitaron al alcalde, Jairo Yáñez, la revocatoria directa del acto administrativo por el cual el anterior secretario de Planeación del municipio, Jorge Omar Gandolfo, procedió a declarar la caducidad del contrato.

Dicha concesión se pactó en 2004 a 25 años y al momento de ser clausurada restaban diez años por cumplir.

La petición se produce en instantes en que el Juzgado Octavo Civil Municipal declaró improcedente una tutela impetrada por Funambiente en la que solicitaba amparar sus derechos por la presunta violación del debido proceso en el trámite que culminó con la terminación del contrato de concesión.

La decisión fue impugnada por Funambiente, y será un juez superior el que decida si existen méritos o no en las reclamaciones presentadas por la concesionaria en contra de Gandolfo.

En el oficio que el apoderado de Funambiente, Víctor Andrés Gómez, le dirige a Yáñez le expone que el contrato es para prestar un servicio público no domiciliario, y que se ejecuta con el 100 por ciento del patrimonio del concesionario.

Así mismo le manifiesta que al momento de conocerse la caducidad del contrato no existían motivos contundentes para darlo por terminado.

En relación a la violación del debido proceso, Gómez señala que a la fecha no conocen las causas reales que condujeron a la caducidad del contrato, ‘dado que no se nos entregó con la citación el informe de interventoría, que debió acompañarse como lo indica la norma legal’.

Otro hecho que llama poderosamente la atención y que sustenta la posición de Fumambiente en el hecho de que le fue violado el debido proceso, es que en julio 22 de 2.019 Gandolfo los notificó  por aviso del contenido de la resolución N° 028 de fecha 11 de Julio de 2.019, mediante la cual declaraba la caducidad del contrato de concesión, manifestando que solo procedía recurso de reposición, lo cual se considera una falta grave porque aún no se había dado trámite al proceso, subraya Gómez en el escrito al alcalde.

Dentro de las 26 audiencias llevadas a cabo en el proceso que culminó con la caducidad del contrato, Funambiente solicitó la intervención de un delegado de la Procuraduría General de la Nación- quien solicitó hacerse  parte en el proceso y en reiteradas oportunidades alegó fallas procedimentales, que no fueron tenidas en cuenta por Gandolfo, precisó Gómez.

En la revocatoria directa que presentó el apoderado de Funambiente a Yáñez, le solicita el reinicio urgente de las labores de recolección de escombros y en general la continuidad en la prestación del servicio conforme lo estipula el contrato de concesión a Funambiente.

Tras la clausura del contrato en diciembre no se conoce de un plan de contingencia para la disposición final de los escombros, razón por la cual dichos residuos están yendo a parar a zonas verdes de la ciudad, separadores, anillo vial, lotes baldíos, etc.

Esta situación -según Gómez- está causando un daño ambiental a la ciudadanía, dado que no está resuelta la contingencia ni el servicio público.

El alcalde Yáñez tiene por ley un plazo de dos meses para pronunciarse sobre la petición  de Funambiente.

La posición de Gandolfo es que existió incumpliminto del contrato  por parte de Funambiente, razón por la cual se procedió a su caducidad.