Durante el control político que le hizo el Concejo a la directora del sisbén, Vanessa Arenas, se escucharon voces de preocupación por el temor que hay en la ciudad de que este beneficio lo pierda mucha gente por las directrices nacionales de implementar una nueva metodología de actualización de la base de datos.

El concejal Alexander Salazar, uno de los críticos de esta actualización, advirtió que todo apunta a que mucha gente va a perder beneficios, como pasó cuando se hizo la transición del sisbén II al III.

Dijo que no es justo que se vaya a hacer esto con los más pobres de Cúcuta.

A su turno, el concejal Bachir Mireb Corona, expresó que el tema obedece a directrices nacionales y que de ello se ameritaba un debate nacional, para que se revisen los efectos segregatorios que ha tenido la condición de estratos socioeconómicos.

Advirtió que es por estas pautas que muchos en Cúcuta viven atrincherados y sobreviviendo sin empleo, todo porque en Colombia se continúa con una metodología que no va a acabar la pobreza ni a generar un salto social real.

Y ante la resistencia que hay en distintos sectores de la ciudad para que se haga la encuesta de actualización del sisbén, porque se considera lesiva para los intereses de los más pobres, la alcaldía pidió a los beneficiarios permitirla.

La directora del sisbén, Vanessa Arenas, envió un mensaje de tranquilidad a los beneficiarios del programa, al señalar que la actualización que se emprendió obedece a una metodología nacional y no  por ello hay que rechazar la encuesta pensando que se pueden perder los subsidios.

El llamado es a que se dejen encuestar, porque de lo contrario se  corre el riesgo de que se pierda el sisbén.

La funcionaria dijo que el único requisito para la encuesta es decir la verdad.

En la encuesta se tendrá en cuenta la generación de ingresos en los hogares. “No es tan cierto que todos vamos a salir del programa”, recalcó Arenas.

Dijo que en cambio va a beneficiar a las personas más desprotegidas, porque va a permitir promediar en el cálculo del puntaje la generación que tenga de ingreso, así como el nivel de endeudamiento de las personas, algo que no se estaba teniendo en cuenta en el sisbén III.

Arenas enfatizó en que si se dice la verdad la depuración del sisbén IV permitirá continuar con las personas que en realidad lo necesitan.

Decir la verdad es no negar dónde se vive en realidad, dar el número exacto de los miembros de la familia, nivel académico y el ingreso real que se percibe en el hogar.

No hacerlo puede acarrearle a la persona la eliminación instantánea de la base de datos, tal como se produjo el año pasado con un poco más de 70 mil beneficiarios que fueron descubiertos como colados en el programa, dijo Arenas.

La base del sisbén de Cúcuta la conforman cerca de 680.000 personas. En la depuración que se hizo años atrás se encontró que entre los colados estaban fallecidos, personas inscritas en otros municipios, con información falsa, puntaje equivocado y domicilio fantasma, dijo Arenas.

La funcionaria reveló que tal como venía operando el sisbén se estaban presentando fallas, dos de ellas, la desactualización de la información (desde 2011 no se actualiza) y que no se tiene en cuenta el ingreso de las familias, ello implica fraudes al sistema.

“No teman de que al presentar la encuesta van a perder algún beneficio, porque eso no será así como se rumora”, dijo Arenas.

La depuración

La directora del sisbén en Cúcuta reveló que la depuración de la base se adelanta en función de varias casos:

1. Reporte de fallecidos: se efectúa un cruce de información con notarías y registraduría y el reporte mensual del Departamento Nacional de Planeación (DPN). Los que se encuentren son retirados de inmediato.

2. Suspensión: personas que pidieron una nueva encuesta para beneficiarse en el puntaje  y alteraron información de su edad y de algunas cualidades de su viviendas. El DPN las detectó y las suspendió.

3. Denuncia: personas denunciadas por otros usuarios porque no reúnen los requisitos para estar en el Sisben. 

4. Mentir: aquellas personas que cotizan más de 3.8 millones mensuales y rindieron información falsa sobre sus ingresos.