Una decena de líderes amenazados en 2018; dos presidentes de junta asesinados: Fabián Rosales Niño y Edilma Rosa Cuevas, y una comunidad con miedo, es el panorama que presentó la Fundación Progresar que emitió una acción urgente, para exigir al Gobierno Nacional que proteja a sus ciudadanos.

Según la Fundación, se estarían prohibiendo reuniones comunitarias, y denuncias acerca de problemas socioambientales, en zona rural de Cúcuta.

“A pesar de las denuncias permanentes, las autoridades locales no han tomado medidas prontas y eficaces que garanticen la protección de la vida y la integridad de todos los líderes y lideresas del sector rural de la ciudad de Cúcuta, y el legítimo derecho a defender los derechos humanos y ambientales”, dice la organización.

También, recuerda que si bien hay presencia de la fuerza pública en la zona, “no cesan las intimidaciones y acciones violentas” por parte de actores armados ilegales, mafias del contrabando y el narcotráfico, “quienes funcionan como verdaderos poderes fácticos y en total impunidad.

Por ello, exigió al defensor Carlos Negret, al ministerio del Interior y a la Procuraduría tomar medidas efectivas para proteger los derechos de los ciudadanos.