Aunque ninguno de los concejales de Cúcuta ha sido víctima de amenazas, la “zozobra e intranquilidad” con la que dicen convivir en el ejercicio de sus funciones constitucionales, los llevó a reiterar una solicitud ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) con miras a que se adopten medidas de seguridad.

Según un documento remitido por el presidente del Concejo, Jaime Marthey, “ni los honorables concejales ni las instalaciones de la corporación cuentan con alguna medida de protección o seguridad permanente, situación que altera el libre desarrollo del ejercicio democrático, máxime ahora con el reciente asesinato del colega del Concejo de Convención, señor Alirio Antonio Arenas”.

Si bien la intención “no es llegar al extremo de pedir escoltas por cada concejal”, según explicó el concejal Bachir Mirep, “no está por demás revisar la situación de seguridad en el Concejo”.

En este sentido, coincidió el concejal Oliverio Castellanos, quien señaló que “no pedimos escoltas”, sino que se está sentando “un precedente, para pedir que se haga un estudio de seguridad, para evaluar hasta dónde llega el nivel de riesgo” de los miembros de la corporación.

El documento da cuenta, además, de que en la zona fronteriza “se ha incrementado la percepción de violencia e inseguridad, debido a múltiples factores, entre ellos, la migración de ciudadanos venezolanos, el contrabando y la presencia de nuevas estructuras de bandas criminales asociadas al narcotráfico”, condiciones que condujeron a “reiterar la preocupación”.

Aunque durante el desarrollo de las sesiones los concejales sí tienen acompañamiento de dos policías, “nosotros no solo ejercemos la función cuando hay sesión”, dijo Marthey.

“Vamos a los barrios, a las comunidades, en las noches, los fines de semana, solos, sin ninguna clase de acompañamiento”, dijo. “No estamos amenazados, pero como están las cosas en el departamento y en la ciudad, hay riesgo”.

Agregó que hay solidaridad con el caso de Arenas, cuyo caso lamentaron y repudiaron, aunque el líder convencionista sí habría recibido amenazas por parte del ELN y en un documento en el que declaró como víctima indicó que había pasado necesidades, el trauma de su familia, y pedía el restablecimiento de sus derechos.

“Necesito su ayuda para seguir este proceso tan doloroso del cual no quiero recordar ni volver a sufrir nunca más”, relató Arenas en un formato para ser incluido en el registro único de víctimas.

“Nosotros lamentamos los hechos y estamos alertando que si ni siquiera los concejales de capital se sienten seguros, qué pueden esperar los concejales de sitios apartados del departamento, porque el Estado nos tiene descuidados a todos”, agregó Marthey, quien recordó que también hay personas que no merecen ni requieren medidas protección y deben ser objeto de estudios rigurosos por parte de la Unp.

Por su parte, el concejal Castellanos manifestó que pese a que los concejales también hacen parte de un plan padrino, liderado por la Policía Metropolitana de Cúcuta, este no serviría más que para tener una línea directa con los uniformados, “es como llamar al 123”, dijo el concejal, quien reiteró que “los concejales debemos tener una protección especial”.