A la informalidad no hay quién la detenga en Cúcuta. Se pinta de varios colores y no respeta estrato ni mucho menos espacios.

Se creía que los principales protagonistas de la invasión del espacio público en Cúcuta eran los vendedores informales, pero no, también los comerciantes formales y ahora los cocineros han caído presas del fenómeno que terminó por copar los pocos espacios libres que quedaban en la ciudad: los parques y separadores viales.

Estos últimos personajes vieron en estos lugares los espacios ideales para dar rienda suelta a sus emprendimientos culinarios. Los convirtieron, de la noche a la mañana, en ‘propiedad privada’ para usufructuarlos en beneficio de sus finanzas particulares.

“Se les olvidó que los terrenos en que instalan carpas, cocinas, mesas, sillas y vitrinas son públicos, son de todos, no de ellos”, dijo el asesor y consultor de proyectos de urbanismo, Mariano García.

Cúcuta es la única ciudad del país donde las distintas administraciones de turno han entregado a cocineros, hoteleros, chanceros y a particulares los parques para que los exploten como mejor les convenga. Hasta la alcaldía de Donamaris Ramírez se tenían suscritos veintidós convenios de explotación del espacio público en parques como Antonia Santos, Mercedes Ábrego, El Malecón, San Rafael, Amelia, Ceiba, Quinta Oriental, entre otros.

De un momento para acá estos lugares pasaron de ser destinos asiduos para el descanso de las familias, a asaderos de carne y pollo, sancocherías, pizzerías, ventas de hamburguesas y perros, chance o simplemente para montar casetas y vender minutos de celular. Pero no solo los parques, también las calzadas y los separadores de las importantes avenidas de la ciudad están convertidos en restaurantes, todo ante la mirada cómplice de las autoridades, dice García.

La alcaldía y la policía son los principales cómplices de esta invasión que no respeta el espacio público, “pues permitieron que lugares despejados de ventas de comidas, como El Malecón, estén hoy de nuevo invadidos”, sostuvo Carlos Castro, líder cívico de La Riviera.

Pero peor aún, hace dos años el Concejo le aprobó al alcalde César Omar Rojas una autorización para que procediera con la reorganización del amoblamiento urbano de Cúcuta y diseñara un control efectivo del uso correcto del espacio público, pero no se ha cumplido (Ver recuadro).

Contrario a lo que sucede en capitales como Bucaramanga, Medellín, Cali o Barranquilla, donde los parques están destinados exclusivamente para el descanso y la recreación de la gente, además de que son protegidos y preservados de todo tipo de atentados, en Cúcuta están destinados a la venta de comidas.

Son verdaderas plazoletas de alimentos las que se han formado en los últimos años, en las que se ofrecen desde asados al aire libre, helados, pasteles, hayacas, buñuelos, pizzas, hamburguesas, perros calientes, avena, masato, limonada y hasta el plato típico de Cúcuta, el mute y los pasteles.

Ante estas atrocidades, los secretarios de Planeación y de Gobierno, Christian Buitrago y Oscar Gerardino, respectivamente, “simplemente se hacen los de la vista gorda”, dijo Euclides Fernández, líder comunal de la ciudad.

Gerardino aseguró que hay planes en marcha para el desalojo de los que invaden el espacio público, pero no todos los informales se acogen a ellos. Buitrago, por su parte, no respondió a las preguntas sobre las concesiones de espacio público que la alcaldía tiene aprobadas. 

Concesión no despega

Casi dos años después de que el Con cejo le diera autorización al alcalde César Rojas para que procediera a entregar en concesión el amoblamiento urbano de la ciudad y pusiera fin a los desmanes que protagonizan a diario vendedores informales, comerciantes formales y ciudadanos en general, el desorden en el espacio público de Cúcuta no cesa.

Los primeros 12 meses para que Rojas cumpliera con esta autorización se vencieron en septiembre de 2017, y después de esa fecha el Concejo le concedió otro plazo igual que vence dentro de tres meses, lo que quiere decir que al gobierno de Rojas le va a quedar de nuevo difícil cumplir.

La alcaldía debe fijar las pautas específicas de la publicidad exterior visual y otras disposiciones particulares de instalacion de elementos de amoblamiento urbano y aprovechamiento económico del espacio público.

De la misma manera deberá diseñar un esquema de seguimiento, vigilancia y control de las áreas de uso público, así como los planes de intervención que la Administración Municipal pueda gestionar para la satisfacción de necesidades urbanas colectivas. 

En otras palabras, todo apunta a que  se vele por la protección del espacio público y en ningún escenario la colectividad se vea privada de su uso y disfrute.

Para el presidente del Concejo, Jaime Marthey, la autorización que se le dio a Rojas busca que se dé un correcto uso y mantenimiento al espacio público, de manera especial en parques, plazoletas, andenes, etc., con tal de que se ponga fin a la descarada invasión que se hace con las ventas de comidas callejeras, minutos de celular, heladerías, pastelerías, pizzerías, avisos publicitarios, entre otros.