Por cuarta vez en los últimos cuatro años,  la Secretaría de Desarrollo Social puso sus ojos en la junta de acción comunal de Ciudad Jardín.

Esta vez, ordenó una medida cautelar sobre el manejo de los recursos oficiales que reciba, administre, recaude o tenga bajo su custodia la junta de acción comunal por supuestos indicios graves en contra de uno o más dignatarios.

La medida se dio luego de que funcionarios de dicha secretaría hicieran una auditoría el mes pasado para verificar los presuntos manejos irregulares de los recursos que recibe y administra la junta, por concepto de arriendos de los tres locales que funcionan en el salón comunal de Ciudad Jardín.

Según informe parcial de la Secretaría, se corroboró que los arrendatarios de los locales comerciales (un consultorio odontológico, un billar y venta de comidas rápidas) se encuentran a paz y salvo con la junta.

Sin embargo, según Isaid  Pabón Torrado, subsecretario de Desarrollo Social, el saldo bancario de la junta comunal difiere mucho de los dineros recibidos por concepto de arrendamiento.

“Este año la junta debería tener por lo menos $4 millones en su cuenta, y su saldo es de $257.724, por lo que la cuenta quedó congelada y la junta no podrá disponer de estos recursos hasta que se culmine la investigación”, explicó Torrado.

José Vargas Yuncosa, secretario de Desarrollo Social dijo que la junta no ha presentado el libro contable ni sus correspondientes soportes de gastos para avanzar con la investigación.

Por su parte, Jorge Monroy, presidente de la junta de Ciudad Jardín, asegura que los libros contables están en poder de la Secretaría desde octubre de 2014. “La Secretaría no me responde por el libro anterior. Del 2014 a la fecha no tengo registros porque no está el libro, pero si tengo los soportes de los gastos”, explicó Monroy.

Nelson Mejía, tesorero de la junta, dijo por su parte, que aún no ha hecho los descargos contables porque solicita presencia de la Personería para tener mayores garantías, alegando que sufren una persecución política.

Monroy agregó que mensualmente recibe alrededor de $800 mil por los tres locales, dinero que ha utilizado para gastos administrativos, costear fiestas infantiles y celebraciones del barrio, y la logística e hidratación de los vecinos en las ciclovías que se realizan cada 15 días.

Sin embargo, residentes de ese sector aseguran que dichos eventos mencionados por Monroy no se han realizado en el barrio.  

Juan Carlos Tarazona, uno de los residente de Ciudad Jardín, manifestó su descontento por cómo la actual junta a administrado los recursos comunales, puesto que debido a la presencia de los locales comerciales la comunidad se quedó sin un espacio para cursos, reuniones y capacitaciones.

Esta junta ha sido la más polémica en los últimos años. En abril pasado fue la única de las 330 juntas comunales de Cúcuta que no realizó sus elecciones por problemas de orden público, puesto que en sus pasadas asambleas hubieron disturbios y confrontaciones entre sus afiliados.

Este 26 de junio, cuando otras 30 juntas pendientes  por elegir a sus dignatarios irán a las urnas Ciudad Jardín seguirá a la espera.

El panteón de la discordia

Otro de los puntos que investiga la Secretaría de Desarrollo tiene que ver con la destinación de las 25 bóvedas y 56 resteros del panteón Amigos de Ciudad Jardín, ubicado en el cementerio central, y propiedad de la junta.

Joaquín Villamizar, primer presidente de Ciudad Jardín, explicó que la junta adquirió el panteón en los años 80, cuando logró conseguir una partida de $250 mil por parte del Concejo de Cúcuta para tener un espacio para enterrar gratis a los más pobres del barrio.

Desde que se posesionó Monroy a la fecha se han ocupado 13 bóvedas. El presidente tiene los comprobantes de las peticiones comunitarias y asegura que los dolientes no tuvieron que pagar por este servicio más allá de los costos propios del cementerio.

Monroy dijo que no ha tocado los resteros y que los cedió parcialmente al cementerio central para que los arrendara y pudiera suplir unos gastos de mantenimiento al panteón que la junta no podía costear.

La Opinión