Hace una semana, la administración municipal y los taxistas que prestan el servicio de transporte colectivo en diferentes rutas de Cúcuta están en lados opuestos. Las diferencias han llegado hasta el Concejo y siguen agitándose.

Henri de Jesús Tolosa Ortega es uno de los voceros de la Asociación de Taxis Colectivos y en su representación habló con La Opinión.

¿La  Asociación de Taxis Colectivos a quienes representa?
-Son nueve organizaciones que agrupan a los conductores de taxis que trabajan en la modalidad de transporte  colectivo de pasajeros. Cubrimos los barrios periféricos, entre los cuales están El Rosal, la X Roja, La Laguna, Motilones, Antonia Santos, Niña Ceci, Belén, La Libertad y La Aurora que abarca hasta Cundinamarca. El 18 de julio de 1967, el alcalde de esa época, Eustorgio Colmenares Baptista, nos autorizó el trabajo y desde entonces hemos prestado ese servicio a las comunidades sin obstáculo alguno. Yo me vinculé en 1987  y no tengo quejas de ninguna administración. Todas han respetado nuestros derechos.

¿Actualmente, cuál es el conflicto con la administración municipal?
-El 6 de junio apareció el problema. Se  buscó intervenir nuestro trabajo, sin justificación alguna y con el argumento que interferimos el trabajo de otros, cuando no es así. Hay demanda en la comunidad para el servicio que ofrecemos, que es, entre otras cosas, adecuado a los usuarios porque es cómodo, seguro y sin especulación. Por eso nos buscan. Nos esforzamos constantemente por mejorar las condiciones y no tenemos choques ni siquiera con  los llamados piratas.

¿Entonces, qué objeciones tiene la administración?
-Está de por medio el afán de subestimar nuestro derecho al trabajo con el argumento de que nuestros vehículos no son adecuados para la modalidad del servicio que prestamos. Y eso es un sofisma. Está demostrado que transportamos  a los usuarios en condiciones de comodidad. Lo otro es una disposición del Código de Transporte que no tiene relación con nuestro medio.

¿Si no hay acuerdo con el municipio, qué va a pasar?
-No deseamos llegar a una situación de esas. Sería catastrófico, pues son 650 vehículos que trabajan en la modalidad del transporte colectivo. Económica y socialmente no le conviene al municipio. A nosotros  tampoco. A esto hay que meterle realismo. Debe tomarse en cuenta que a la comunidad le gusta  el servicio que ofrecemos y operamos. Familiares de destacados dirigentes que viven en los barrios que cubrimos, utilizan el servicio y se sienten bien.

¿En qué se diferencia el transporte colectivo de los piratas?
-Hay diferencias. Los carros piratas proceden de Venezuela y de ciudades del interior de Colombia. Prestan su servicio en tiempo nocturno. Les han permitido operar sin restricciones. Y allí siguen.

¿Qué otras acciones han pensado desarrollar?
-Lo que pedimos es que nos dejen trabajar, pues el servicio que prestamos es cómodo y oportuno. Cuenta con el respaldo de los usuarios y los concejales han mostrado interés en que se trate el asunto. Queremos que los diferentes sectores sean conscientes de lo que se hace y cómo se hace.

¿Tiene suficiente demanda el servicio?
-Mucha demanda. Yo salgo de mi casa a las 6:00 de la mañana y trabajo  hasta las 8:00 de la noche. En promedio transporto entre 90 y 100 pasajeros, en nueve recorridos. No nos estamos volviendo ricos, pero contamos con un ingreso para el día a  día.