Una queja que recibió el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, en días pasados, activó la operación de allanamiento de la ESE Imsalud, este viernes, al advertirse detalles de los movimientos oscuros que se estarían llevando a cabo en la entidad que maneja la red pública de salud del municipio. 

La Opinión conoció que una semana atrás se llevó a cabo una junta directiva en la que se produjo el ingreso de nuevos miembros que permitieron darle la mayoría a la actual administración del alcalde  Jairo Yáñez.

Vea Allanamiento en oficinas de Imsalud

En esa junta, una de las decisiones que se adoptó fue limitar el monto de la contratación a la gerenta Calabró.

Según se  estableció, al CTI le habrían filtrado que después de esa junta  al menos diez contratos fueron celebrados con fecha anterior, en un proceder que atenta contra la ley, de ahí el sorpresivo allanamiento que se produjo en al menos tres oficinas clave de la dirección de la ESE Imsalud: la de la gerenta Calabró, la Jurídica y la de Contratación.

El monto de esa contratación se elevaría a los 2.000 millones de pesos.

En la operación, que se extendió por espacio de ocho horas,  los investigadores revisaron carpeta por carpeta y retiraron copias digitales de la contratación registrada en el último mes.

Fuentes de la Fiscalía le dijeron a este diario que se pidió el allanamiento para poder encontrar las presuntas irregularidades y los registros verdaderos de la contratación en la ESE Imsalud de la que se dice fue manejada en los últimos cuatro años por el encarcelado exalcalde Ramiro Suárez Corzo.

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En la diligencia no se produjeron capturas.

El alcalde Jairo Yáñez, en su cuenta de twitter, expresó: “la oportuna intervención de la Fiscalía, como organismo independiente del poder judicial, permitió el allanamiento de las instalaciones de la Ese Imsalud para evitar presuntos hechos de corrupción que se venían presentando en la entidad”.

Con el de la Ese Imsalud es el segundo allanamiento a entidades oficiales en los últimos meses en Cúcuta. El primero se produjo en octubre a la sede de la Gobernación de Norte de Santander, donde funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) irrumpieron durante más de diez horas para recopilar material probatorio que sirva para determinar posibles irregularidades en la contratación pública del departamento.