A un año de haber sido entregado a los residentes para su manejo, el conjunto residencial Parques de Bolívar II Etapa vive momentos de alta tensión por la disputa del control de la administración de más de 480 apartamentos que conforman ese condominio construido con subsidios del Gobierno.

En vista de que pasó un año y no hubo de parte del consejo de administración ni convocatoria para la asamblea anual de elección de directiva ni informes financieros de la gestión, más de 70 propietarios denunciaron el incumplimiento del reglamento a la Alcaldía y a los órganos de control.

También, en un derecho de petición de 55 propietarios, pidieron al administrador Francisco Javier Ortiz y a la presidenta del consejo de administración, Julieth Acosta, explicar qué hicieron con el dinero recdaudado en el último año y que pongan a disposición los libros de contabilidad, las facturas y la cartera para verificar si las cuentan concuerdan.

Además, el derecho de petición relaciona daños en el sistema de motobombas, que repararon sin hacer valer las pólizas de garantía a la constructora. Ortiz negó todo esto.

Alex Bermúdez, vocero de los peticionarios, dijo que también se exigió a Ortiz y Acosta explicar por qué no se publican en cartelera las copias de actas del consejo de administración.

Bermúdez denunció que después de entregado el derecho de petición, comenzó a ocurrir una serie de hechos intimidatorios, como llamadas a quienes firmaron la petición advirtiéndoles que por haber hecho eso perderían el subsidio entregado por el ministerio de Vivienda, “algo falso, dado que el beneficio solo se pierde si el propietario vende el predio”.

Así mismo, empezaron a llegar panfletos a las casas en las que se trata de ‘sapos’ a quienes firmaron el derecho de petición. “Se nos advierte en esos panfletos que debemos cuidarnos”, dijo Bermúdez.

Ortiz negó tajantemente  que la gestión suya esté manchada de ilegalidad.

Dijo que es mentira que no se publiquen las actas y que se haya intimidado a alguien por haber firmado el derecho de petición.

Sobre la convocatoria a la asamblea dijo que la ley le ordenaba a convocarla en los primeros tres meses después de cumplido el primer año presupuestal que le corresponde y que vence el 1 de enero.

Según la resolución 0123 del 08 de junio de 2016, el actual consejo de administración fue elegido en asamblea general extraordinaria el día 29 de octubre, “por lo que no se explica por qué transcurrido un año de vigencia del periodo no se ha procedido con la convocatoria de la asamblea para la elección de los miembros del nuevo consejo de administración”, cuestionó Bermúdez.

Versiones opuestas

Julieth Acosta, presidenta del consejo de administración, dijo que la ley de propiedad horizontal ordena convocar asamblea ordinaria anualmente, pero en virtud de un derecho de petición de unos propietarios, se programó una asamblea extraordinaria para mediados de noviembre.

Esto contrasta con lo expresado por el administrador del condominio, Francisco Javier Ortiz, quien afirmó que la asamblea será ordinaria y en el plazo que ordena la ley.

Dijo que las finanzas se han manejado de manera transparente y que la administración ha tenido libros abiertos a quienes lo soliciten para informarse del manejo que se le está dando.

Ortiz señaló que a él jamás se le ha acercado Bermúdez a solicitarle los libros de contabilidad. “Todo aquel que lo ha hecho, ajustado al reglamento, ha podido revisarlos sin ningún problema”, dijo.

Argumentó que la administración siempre ha trabajado en función del interés general del condominio.