Tres nuevos prostíbulos, presidentes de juntas comunales y el alcalde amenazados, y condiciones sociaoeconómicas adversas hacen parte del difícil panorama que afronta Puerto Santander con la reapertura de frontera, según explicó ayer el alcalde Henry Valero.

“En este momento todos los presidentes de junta están amenazados, así como los encargados de derechos humanos, a raíz de que se pidió un cambio masivo en la Policía”, dijo.

La solicitud del mandatario  y los comunales se hizo “por la corrupción que se venía presentando en el puente Unión, y por la forma como venían cobrando en los diferentes sectores”.

Valero pidió que además de la lucha contra la ilegalidad es necesario que el Gobierno dé ayuda para que la gente ejerza otra actividad y lleve el sustento a los hogares, de forma legal.

Hasta el momento, dijo, solo se ha dado el cambio del capitán y dos unidades de la Policía, pero la exigencia de la renovación del personal no tuvo eco.

Sobre el caso personal de amenazas, criticó que la UNP le hubiese retirado el esquema de protección y le dejase solo el vehículo, a la vez que solicitó un esquema compartido entre la UNP y la Policía.

En relación con el incremento de las trabajadoras sexuales, anunció que esta semana se cerrarán dos de los tres establecimientos, y reveló que quienes ejercen la actividad carecen de los exámenes de sanidad.

A la fecha, por los puentes internacionales han ingresado más de 11 millones de venezolanos, según cifras de Migración Colombia.

Además, durante 2016 se han deportado casi 1.500 ciudadanos venezolanos, se expulsaron 142 y se han impuesto multas a más de 2 mil 400.

La principal causal de sanción es el ingreso y permanencia irregular, con el 97.4% del total.