En rotunda negativa por permitir que alguna actividad legal e ilegal afecte el agua en el corregimiento de Palmarito, en Cúcuta, la Junta administradora local (JAL) de la comuna 12 promoverá una consulta popular.

Así se confirmó en un comunicado del grupo de ediles, según el cual se indagará tanto por la exploración y explotación de hidrocarburos que haría la Turkish Petroleum International Company, pero también se incluiría toda afectación ambiental, legal e ilegal.

Reinaldo Villasmil, edil de la comuna 12, expresó que el objetivo de la iniciativa es hacer la consulta en el corregimiento, que incluye 16 veredas “por toda la cordillera, donde nace el agua”.

También se prevé incluir a las comunidades de Campo Dos y El Tablazo, en Tibú, las cuales se verían afectadas por cualquier alteración ambiental, pues se surten de las mismas fuentes hídricas de Palmarito.

Inicialmente, se adelanta una especia de consulta previa por parte de los presidentes de junta, para luego acudir a la Registraduría “y convocar a la consulta, como en Cajamarca”.

Según los líderes, no se está en contra del proyecto petrolero y se reconoce que “dicha compañía ha cumplido a cabalidad los procesos para tener la licencia”.

Sin embargo, se enfatiza en la necesidad de revisar todas las presiones ambientales que afectan el recurso hídrico.

Laura Bautista, edil de la comuna 12, afirmó que en la zona los problemas más graves se originan con la tala, la minería, los cultivos ilícitos y la ganadería.

Según indicó, las minas de carbón están en Palmarito, Banco de Arena, La Cordillera, Ambato, y algunas zonas de Tibú y El Zulia.

En materia de cultivos ilícitos, hay presencia de estos en Palmarito, Banco de Arena, y Santa Rosa.

Bautista agregó que algunos finqueros invaden hasta los yacimientos de agua, cortan árboles, siembran palma y adaptan el terreno para la ganadería extensiva. 

“La queja principal es la falta de control por parte de Corponor”, expresó.

Si bien la comunidad es consciente de que es tarde para realizar la consulta popular, se manifiestó que los motivos han sido la poca atención prestada desde 2016 y la desconfianza que genera la multinacional Turkish Petroleum International Company. 

“Aunque ellos digan que van a ser responsables y así se ofrezcan empleo a la comunidad es difícil aceptar la explotación, porque por unos meses puede que tengamos dinero, pero el daño natural será por décadas”, afirmó Bautista.

Para el concejal Bachir Mirep, la comunidad está en su derecho constitucional de promover cualquier tipo de consulta popular, pero pidió que se tenga un estudio técnico y objetivo en el que se determine la afectaciónque pudiese existir con la actividad petrolera.

“Es necesario un equilibrio entre lo ambiental y los proyectos que generen inversión”, dijo.