La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación contra el gerente del Hospital Universitario Erasmo Meoz (Huem), Juan Agustín Ramírez Montoya, y la subgerente administrativa, Soraya Tatiana Cáceres Santos, por contratar la elaboración de una obra digital con la historia del hospital, por $58 millones, en plena época de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

El ente solicitó al gerente suspender el contrato 153 de 2020, por considerar que se podrían vulnerar los principios de la función administrativa y la gestión fiscal, la Ley 1474 de 2011, la Resolución 5185 de 2013 y el manual de contratación que rige al hospital.

La contratación tiene por objeto “elaborar una obra literaria en formato digital que contenga la historia” del Huem, “desde su Planeación gubernamental hasta 2020”.

La Procuraduría se encuentra procedente solicitar suspender la ejecución del contrato, porque “sorprende y resulta altamente inconveniente que ante la pandemia y la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, los recursos de los cuales disponen las Empresas Sociales del Estado (ESE), no sean utilizados como corresponde para garantizar la prestación eficaz y eficiente del servicio público de salud”.

El proceso tienen origen en un informe con incidencia disciplinaria de la Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, que tras una acción preventiva en el Erasmo Meoz encontró que el contrato fue firmado cuando ya había sido decretada la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Según el ente, la investigación busca establecer si en el proceso cumplió con el manual de contratación del hospital, adoptado mediante Resolución 1236 del 13 de septiembre de 2013, así como con lo dispuesto en la Resolución 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, sobre los principios de planeación, según los cuales las ESE están obligadas a hacer “el análisis de la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgo del objeto a contratar. 

“La entidad estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”, recalcó. También se investiga el por qué no se habrían publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) los estudios previos del proceso, con lo que se habría podido transgredir el principio de publicidad. 

La Procuraduría igualmente indaga si el contrato 153 de 2020 atentó contra el principio de transparencia, antes las inconsistencias identificadas al revisar la cronología de los documentos precontractuales entregados por la administración del hospital. 

La Procuraduría ordenó practicar varias pruebas relacionadas con esta contratación y aclaró que los investigados podrán solicitar ser escuchados en versión libre. 

_{Información de la Procuraduría}