Una posible relación entre el flujo constante de venezolanos y el aprovechamiento de las actividades delictivas derivadas de los cultivos de uso ilícito tiene inquieto al procurador regional, Juan Carlos Bautista.

Según el funcionario, “en el departamento hay un caldo de cultivo para la criminalidad y el reclutamiento de mano de obra para actividades delictivas”.

“Estamos nadando en coca y diariamente entran al departamento entre 45 mil y 50 mil personas, sin ningún control”, situación que además de engrosar los cinturones de pobreza de la región, podría motivar a los criminales a utilizar a los migrantes para ejercer las actividades que demandan los cultivos ilícitos.

Aunque Bautista no tiene prueba alguna de la esta condición irregular, insistió en que las autoridades del departamento deben tomar decisiones.

“Solicité que el consejo de seguridad del departamento le haga solicitudes serias y contundentes a la Cancillería y los ministerios de Defensa e Interior”, dijo. “Norte de Santander necesita un tratamiento especial y no puede ser tratado como cualquier otro departamento, porque hay conflictos visibles que no se deben ignorar”.

Aunque evitó proponer alguna solución, “al no tener la competencia de coadministrar”, señaló que el Gobierno Nacional debe adoptar políticas y desarticular la posible coexistencia de actividades ilícitas y el ingreso de ciudadanos venezolanos, al no haber ninguna certeza de sus actividades en la región.

Respuesta y propuesta

Ante las declaraciones del procurados, el secretario de Fronteras, Juan Carlos Cortés, declaró que es imposible saber a qué se están dedicando los venezolanos, y que ninguna entidad tiene documentos estadísticos que permitan hacer esta conjetura.

“Para concluir esto se debe tener una versión que lo corrobore”, afirmó.

Debido a ello, informó que en tres semanas la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Cancillería y la Gobernación realizarán un diagnóstico en los 10 municipios de frontera, para determinar las condiciones en las que viven los nuevos habitantes.

El estudio será pagado por la OIM en su totalidad y permitirá formular los proyectos que se necesiten.

Una primera fase del diagnóstico se está llevando a cabo en Arauca, y para el mes de noviembre comenzará el proceso en Norte de Santander, el cual durará dos meses.