Con la entrada en vigencia de la resolución que incluye el Permiso Especial de Permanencia (PEP) como documento válido de identificación ante el sistema de protección social, en Norte de Santander se beneficiarán 864 venezolanos.

Sin embargo, aún se desconoce qué ocurrirá con 653 mil venezolanos que han solicitado la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) pero no están incluidos en el sistema de salud y generan la principal recarga para las entidades de salud.

Según Juan Bitar, director del Instituto Departamental de Salud (IDS) “quienes entran al régimen contributivo y régimen subsidiado llegan a una EPS, pero no se sabe cuál será la modalidad de pago para los de la TMF”.

Otra de las preocupaciones del IDS es la asignación y ejecución de los recursos que se han invertido en los pacientes migrantes.

En este sentido, Bitar comentó que según el Gobierno Nacional “presuntamente” se han destinado recursos de población no afiliada pero “no hay un decreto que diga cómo hacer estos pagos, y por eso, están suspendidos”, pues si se pagan se cometería peculado.

“El Gobierno Nacional destinó 3 mil millones de pesos para Norte de Santander, que no han sido desembolsados porque no hay un mecanismo para hacer retroactivo ese pago”, agregó el funcionario. 

Para resolver esta situación una de las propuestas es que se efectúe un contrato directo con el Hospital Universitario Erasmo Meoz para invertir los tres mil millones, a manera de compensación por la atención venezolana.

Agregó que las resoluciones emitidas por el Gobierno Nacional han sido insuficientes, en especial el decreto 866 que solo ampara la atención inicial de urgencias y excluyó las maternas, algunos tratamientos de pacientes crónicos que corresponden a la mayoría de venezolanos que requieren atención, y “no ha habido recurso adicional para la población pobre no afiliada”.

El funcionario recordó que la cartera de población no afiliada suma 8 mil millones de pesos, situación que dificulta la prestación, pues el departamento cuenta con 12 mil millones de pesos para este fin.

“Nos preocupa la situación del hospital Erasmo Meoz que es el mayor facturador y la Ese Norte de Tibú, que sobrepasa la facturación”, dijo. “Sin embargo, el IDS ha ido reconociendo los recursos por esos afiliados adicionales”.

El director señaló que la entrada de los 864 venezolanos no es del todo negativo para la región, debido a que se genera un pagador.

“Eso es bueno, porque esta población no requerirá recursos de la población pobre, pero los demás no tienen derecho a la afiliación”, reiteró. 

Algunos datos

Quienes poseen el PEP y tienen capacidad de pago, que se verifica con su contrato laboral, deben afiliarse al régimen contributivo; los que no, irán al régimen subsidiado.

Actualmente, están sobresaturados los servicios de urgencia del hospital Meoz y las clínicas particulares, según informó el IDS. 

Este fin de semana, se contabilizaron 78 pacientes venezolanos en hospitalización, y con necesidades de servicios y traslados.

Durante 2016 y lo corrido de 2017 se han atendido 10.800 venezolanos.

Los 864 venezolanos que ingresan al sistema de salud en Norte de Santander le costarían al sistema de salud 627 millones de pesos.

Las entidades departamentales insistieron en la urgencia del giro de recursos, debido a que Norte de Santander recibe el mayor número de migrantes.

La Gobernación aseguró que el hospital de Villa del Rosario también está por colapsar.