La Procuraduría Provincial de Cúcuta abrió dos investigaciones disciplinarias al municipio de Cúcuta por la formulación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que actualmente se encuentra en proceso de concertación ambiental, por segunda vez, en la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor).

La entidad, dirigida por María Margarita Eslava, está en proceso de formulación de cargos.

Cabe destacar que el órgano de control, por una directriz nacional, tiene dos líneas de acción con respecto a los planes de ordenamiento.

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La primera es hacerle un seguimiento al plan de socialización para ver si se está dando cabida a la participación de la comunidad en el proceso de formulación, y la segunda, por medio de los procuradores en asuntos ambientales y agrarios verificar que las determinantes ambientales estén contempladas en los nuevos documentos, así como todo lo relacionado en la materia para proteger los ecosistemas.

El órgano de control tiene puesto el ojo en el POT de Cúcuta, tal como se está haciendo en todo el país.

La propuesta del documento, que fue elaborado por la Unión Temporal Planeando Cúcuta, le costó al municipio en el contrato inicial 4.750 millones de pesos, y un adicional de más de mil millones de pesos. 

Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación, específicamente la delegada para la moralidad pública en Bogotá, recibió una notificación por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la que le manifiesta que recibió una comunicación de la Cámara Colombiana de la Construcción de Cúcuta y Nororiente (Camacol) en la que refiere que la administración municipal no ha atendido las observaciones efectuadas por este gremio en la propuesta de revisión y ajuste del nuevo plan.

La directora de espacio urbano y territorial del ministerio, Diana María Cuadros, explica en el documento que envía a la Procuraduría que es pertinente tener en consideración que en los procesos de revisión y ajustes al POT le corresponde al alcalde, en este caso a César Rojas, garantizar la participación comunitaria y ciudadana, tanto del territorio urbano como rural, en todas las fases del proceso.

Además, especifica que durante el trámite de concertación ante Corponor, fase en la se encuentra en este momento, de manera simultánea la administración debe publicar los documentos básicos del proyecto de revisión en sitios accesibles a todos los interesados y solicitar opiniones a la ciudadanía, para garantizar el conocimiento masivo del nuevo proyecto de revisión del POT.

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La comunicación también explica el carácter de obligatoriedad que tienen los concejos municipales de celebrar un cabildo abierto, previo al estudio y análisis del proyecto de revisión.

Los gremios en la ciudad han manifestado que el año pasado se les mantuvo al tanto de cómo iba el proceso de elaboración de la propuesta de formulación; sin embargo, este año no han sabido cómo se avanza en el proceso.

Han referido la necesidad de conocer los cambios hechos a la cartografía, la cual estaba conformada inicialmente por 33 mapas, y según las últimas declaraciones de parte del secretario de planeación, Jorge Ómar Gandolfo, eran 45 planos.

Sobre estos nuevos se le participó a Camacol que serían publicados la primera semana de mayo.

(El ministerio de Vivienda envió un comunicado a la Procuraduría General de la Nación para que tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo con el proceso de socialización del POT de la ciudad.)

A revisión a Bogotá

La Procuraduría General de la Nación conformó un grupo élite que está trabajando solamente en las revisiones de los Planes de Ordenamiento Territorial de los diferentes municipios.

Este grupo supervisa si está listo y si cumple con todo lo establecido en la norma.

Una vez el documento del POT salga de la concertación de Corponor la Procuraduría local debe enviar el documento a Bogotá para que sea revisado por este personal.

Lo ambiental

La propuesta final del POT fue radicado nuevamente en Corponor. Este documento entra por segunda vez a la concertación ambiental en la cual se deben cumplir una serie de temas relacionados con el área.

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El plan de gestión de riesgo es uno de ellos. Esta fue una de las razones por las cuales la primera vez el documento fue retirado por la Alcaldía, porque el plan no estaba incluido en el POT. El incumplimiento de la Ley 1523 de 2012 en la que establece la obligatoriedad de incluir el plan riesgo y desastres es vital para que se le dé el visto bueno al nuevo POT.

Otro aspecto que debió ajustarse fue las determinantes ambientales, tal cual como lo establece el artículo 10 de la Ley 388.

En estos determinantes se establece el cambio climático y las densidades máximas de urbanización en zonas rurales, y con ellas se establecen medidas de protección de los ecosistemas, como bosques, humedales, rondas hídricas, entre otros.  

La parte del cambio climático quedará abierta, porque es una legislación nueva (2018) y se van a convocar para hacer el estudio, que una vez concluido deberá ser incluido.