La Procuraduría General de la Nación abrió indagación a 28 alcaldías por presunta negligencia para adoptar medidas que mitiguen el hacinamiento en las cárceles del país, que llega casi al 50%.

Así lo aseguró el procurador general, Fernando Carrillo, al instalar en Medellín junto con la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, en el encuentro ‘Situación carcelaria y derecho a la salud en Antioquia’.

La indagación cobija a las alcaldías de Leticia, Medellín, Arauca, Barranquilla, Tunja, Manizales, Cartagena, Florencia, Yopal, Popayán, Valledupar, Montería, Bogotá, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Mocoa, Armenia, Pereira, Sincelejo, Bucaramanga, Ibagué, Cali y San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Carrillo aseguró que el origen de este proceso es la "negligencia extrema" de los alcaldes para atender esta "gran tragedia donde pareciera que nadie está haciendo nada".

"En el caso de los alcaldes la negligencia ha sido extrema y por eso la presidenta de la Corte nos exigía más acciones y por supuesto que vamos acoger ese llamado y de hecho estamos iniciando una indagación contra 28 alcaldes del país, en 28 departamentos donde pocas acciones se han presentado", dijo el jefe del Ministerio Público.

Carrillo añadió que muchos alcaldes "ni siquiera se han dignado responder las solicitudes de la Procuraduría, con la responsabilidad que tienen a nivel de los establecimientos penitenciarios y carcelarios para tomar cartas en el asunto".

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) afirmó en septiembre del año pasado que en las más de 130 prisiones del país hay un hacinamiento cercano al 50%.

La cifra se desprende de que las prisiones tienen cupos para 80.203 personas y a esa fecha había detenidas 119.840. De estas, 81.569 están condenadas.

Al hacinamiento se suma que en los penales hay malas condiciones en materia de alimentos, agua, luz y servicios de salud.

Carrillo también condenó la falta de iniciativas para resocializar a los presos y el escaso trabajo alrededor de la justicia restaurativa, donde el ente de control está liderando algunas acciones.