Para la contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) a los alumnos de los colegios públicos del municipio, en 2014, la Alcaldía de Cúcuta que era manejada en ese momento por la administración de Donamaris Ramírez, adelantó el proceso licitatorio LP 19-2013, que posteriormente fue sujeto de una investigación de carácter disciplinario.

Esta semana, la Procuraduría Provincial de Cúcuta emitió una sentencia de primera instancia en contra del exsecretario General de la Alcaldía, Jimmy Galán, a quien destituyó e inhabilitó por 11 años para ocupar cargos públicos.

Al exfuncionario se le habían formulado dos cargos calificados de faltas gravísimas por su presunta violación de la ley de contratación y por haber transgredido en la etapa precontractual y etapa de ejecución del contrato disposiciones contenidas  en el artículo 209 de la Constitución Nacional.

En un principio, a tres secretarios de despacho del gobierno de Ramírez, que tuvieron a cargo la contratación del PAE para 50.021 estudiantes de colegios públicos,  la Procuraduría les formuló pliego de cargos por las presuntas irregularidades en las que incurrieron en desarrollo del mencionado contrato.

En el fallo, el Ministerio Público solamente dictó sentencia en contra de Galán, señalándolo de falta gravísima, mientras que exoneró a Clara Paola Aguilar Barreto, quien era asesora jurídica del municipio y a William Luengas, exsecretario de Bienestar Social.

En su momento se informó sobre ese hecho, que del PAE se destinó alimentación a estudiantes de colegios privados de Cúcuta, y que en el ítem que describe las instituciones educativas públicas beneficiarias no se especificaron los desayunos y almuerzos servidos en cada una. 

También se dio a conocer que a los investigadores del organismo de control disciplinario les llamó la atención que las raciones entregadas solo sumaban 54.000 y no 58.021 que figuran en los prepliegos, lo que quiere arrojó una diferencia de 4.021 cupos alimentarios que incrementan el valor del contrato y de los cuales no se conoce a qué colegios estaban destinados.

Contra esta determinación, Galán podrá interponer el recurso de apelación ante la misma Procuraduría Provincial.