María Beatríz Urrutia Lizcano, de 56 años, ha sido bajada literalmente del quirófamo en tres oportunidades, por culpa de la Eps Caprecom.

Ella no puede caminar por sus propios medios, debido a una artrosis avanzada y a un quiste becker de rodilla, que le produce dolor las 24 horas del día, lo que la obliga a consumir calmantes cada cuatro horas.

Necesita de manera urgente una cirugía, la misma que en los últimos doce meses le ha negado la Eps Caprecom.

“Primero, fue con la Ips Yanguas, donde me remitieron para la cirugía. Allí me practicaron todos los exámenes habidos y por haber, y cuando me llamaron para la operación me dijeron que se había agotado el contrato con Caprecom y por ello no me podían hacer nada”, relató Urrutía.

Pero hubo otra segunda oportunidad, tras haber acudido a una acción de tutela contra la Eps, la paciente logró que la volvieran a programar de nuevo para la cirugía, pero esta vez con la clínica Unipamplona.

“La clínica hizo todo lo que tenía que hacer, de nuevo me practicaron todos los exámenes, hasta me revisaron los dientes, pero cuando ya estaba lista para subierme a la mesa, de nuevo me dijeron que se había agotado el contrato con Caprecom.

En esta oportunidad no valió un fallo de tutela del Juzgado Cuarto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cúcuta ,que ordenó que se le programara la cirugía de rodilla de manera inmediata, ni tampoco que el estado de salud de la mujer, una campesina que vive en una parcela en la verada Restauración, en zona rural de Cúcuta, presentara avanzado deterioro.

“Siento que he perdido todas mis fuerzas y mis esperanzas para lograr que me operen”, dijo Urrutia con tono abatido. “Creo que los pobres no tenemos derecho a una salud digna”.

La tercera ocasión que le programaron la cirugía a la mujer fue para la primera semana de agosto, en la Clínica Santa Ana, “la cual no se ha cumplido tampoco, porque Caprecom no tiene contrato con esa Ips”, dijo la mujer.

Urrutía interpuso un incidente de desacato contra Caprecom para obligar a la gerencia de la Eps a garantizarle la cirugía, el cual le fue notificado el pasado 10 de agosto a la directora nacional de esa empresa prestadora de salud, Luisa Fernanda Tovar.

Según conoció La Opinión, Tovar tiene dos días hábiles para responder al juzgado sobre los porqués de la demora de la cirugía de Urrutía. Los familiares de la paciente denunciaron que llevan casi un año costeando los medicamentos de su propio bolsillo.