Desde que comenzó la cuarentena en Colombia, algunos sectores empezaron a poner sobre la mesa propuestas, con el fin de aliviar los efectos que iba a tener la medida de prevención entre los colombianos más pobres, principalmente.

Una de las primeras en hacerlo fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien días antes de que se decretara el aislamiento obligatorio anunció que suspendería el cobro de los servicios públicos durante el tiempo que durara el confinamiento.

Aunque su iniciativa no pudo materializarse, toda vez que no era de su potestad la decisión, el debate quedó abierto y el pasado 4 de abril el presidente de la República, Iván Duque, firmó un decreto en el que autorizó a los alcaldes del país para que asumieran total o parcialmente el costo de los servicios de energía y gas de los usuarios de sus respectivos municipios o ciudades.

“En aquellos casos en que las entidades territoriales decidan asumir total o parcialmente el costo de los servicios públicos de energía eléctrica o de gas combustible, dichas entidades deberán girar oportunamente los recursos a las empresas comercializadoras que atienden a tales usuarios”, estableció el Gobierno en el Decreto 517 de 2020.

Una vez se le dio paso a esta opción, varias fueron las voces que se hicieron sentir pidiendo su aplicación en Cúcuta, como una forma de ayudar a mitigar la difícil situación que afrontan hoy los  más de 160.000 usuarios de servicios como el de la energía, al no poder salir a buscar su sustento diario para cubrir las facturas.

Pero, ¿está el municipio en la capacidad de asumir el costo de los servicios, al menos el de los hogares más pobres, en medio de la crisis desatada por el coronavirus?

Concejales y exconcejales ven viable subsidiar una parte

Consultado sobre la posibilidad que tiene la administración municipal de poner en marcha el decreto presidencial, el concejal Leonardo Jácome, integrante de la Comisión de Presupuesto y quien conoce bien la realidad de las finanzas de la ciudad, consideró que aunque es difícil, sí se podría subsidiar, no todo, pero al menos una parte del costo de servicios como luz y gas.

“¿Qué podría hacer el municipio?, subsidiar. Actualmente llegan por Sistema General de Participaciones unos recursos de subsidios para estratos 1, 2 y 3. De la parte que le corresponde al municipio pagar, ellos podrían subsidiar por dos o tres meses. Los recursos están y lo que haga falta se puede sustentar vía crédito”, aseguró.

El dirigente explicó que frente a esta última opción, un crédito sí es viable por cuanto el municipio tuvo un superávit de $46.000 millones y hay cómo asumirlo, en caso de ser necesario.

Aunque reconoció que la crisis por el coronavirus ha puesto en jaque el recaudo de recursos propios, dijo que en el momento que se quiera asumir un auxilio para el pago de servicios públicos, el crédito es la mejor opción para no desbalancear el presupuesto e insistió en que el municipio está en toda la capacidad de hacerlo y poder ofrecer una solución.

Según las cuentas del concejal conservador, el presupuesto del municipio supera el billón de pesos y de este, entre el 14 y 16% corresponde a rentas propias. De estos recursos, el 90% son provenientes del predial e industria y comercio, de los cuales unos $30.000 millones se van anualmente para el servicio de la deuda.

“Entonces, acá como la prioridad ya no son las vías ni la infraestructura, por ahora, lo que habría es que hacer el modelo de presupuesto apalancado por recursos de crédito, para dar un alivio vía subsidio a los estratos 1 y 2”, dijo.

Y agregó: “Si el municipio tiene la voluntad lo puede hacer. No pagar la totalidad del cobro, pero sí subsidiar y llegar a un acuerdo con las empresas, para que bajen lo que más puedan”, dijo.

Por su parte, el exconcejal y excandidato a la Alcaldía de Cúcuta, Jaime Marthey, también es partidario de que la administración está en la capacidad de asumir una ayuda para el pago de los servicios de los hogares más pobres de la ciudad.

“En marzo, en sesiones extraordinarias, el alcalde pidió al Concejo la autorización para hacer los traslados de todos los recursos disponibles y allí certificaron que la ciudad no tiene déficit, dejando los recursos libres para ser atendida la crisis de salud y humanitaria. Estos suman más de $24.000 millones”, recordó Marthey.

Dijo que el mandatario local debería, además, hacer uso de las autorizaciones que le dio el Decreto Legislativo 512 del pasado 2 de abril, para poder hacer las adiciones, modificaciones, traslados y demás operaciones presupuestales a que haya lugar, “únicamente para efectos de atender la ejecución de los recursos que, en el marco de sus competencias, sean necesarios para atender la Emergencia Económica y Social”.

Bachir Mirep, también concejal de Cúcuta hasta el año pasado, estuvo de acuerdo con Leonardo Jácome en que el municipio podría cubrir una parte del costo de los servicios públicos en los estratos 1 y 2.

“Considerando la situación de recaudo de las principales fuentes del municipio como es el Predial y el impuesto de Industria y Comercio, creería que el municipio podría hacer unas priorizaciones del presupuesto, no solo para atender los temas de salud, sino también para ayuda humanitaria. Como ya debería haber un alivio en la carga burocrática y de funcionamiento, podrían canalizarse esos apoyos para dar una ayuda en materia de servicios públicos”, señaló.

Mirep sugirió que sería importante en estos momentos tener en cuenta la opinión del Concejo, para que se haga el respectivo control político y se revise la situación financiera, con el fin de determinar las priorizaciones presupuestales que se puedan hacer.

¿Y qué dice la Alcaldía?

Aunque concejales y exconcejales coinciden en que hay opciones para que la Alcaldía de Cúcuta pueda otorgarles el beneficio a los hogares más pobres de la ciudad, la secretaria de Hacienda, María Virginia Valencia, aseguró que el panorama en estos momentos es  complejo.

“Nosotros manejamos una cifra de casi $10.000 millones en subsidios en todos los servicios públicos. Entonces, es muy difícil decir que como Alcaldía vamos a asumir el cien por ciento de los servicios en los estratos 1 y 2, porque si bien es cierto, los recursos públicos no aguantan para tanto”, reconoció la funcionaria.

Explicó que los recursos que se podrían destinar para ese fin son los de rentas propias, y en este momento esos ingresos se han afectado seriamente por la misma calamidad pública. 

Según las proyecciones que había hecho la administración, esperaban recaudar unos $51.390 millones en la presente vigencia, pero a marzo solo ingresaron $23.639 millones, que corresponden a un 46%.

La secretaria también explicó que si bien hace unas semanas se incorporaron $40.000 millones al presupuesto de este año, apenas $10.000 millones eran de recursos propios y en esa medida, el resto  no se podrá utilizar para subsidiar los servicios de los más pobres.

“El mismo Gobierno Nacional ha dicho que solo se pueden destinar para la COVID-19 las fuentes que no tengan una destinación específica por constitución”, recordó.

Valencia enfatizó, además, que en estos momentos lo más importante es garantizar la seguridad alimentaria de los cucuteños más necesitados y esa es la prioridad de la administración.

“Más importante que los servicios públicos, pues estos se pueden pagar de manera diferida en cualquier momento, es garantizar la seguridad alimentaria. En todas las entidades territoriales estamos mirando en este momento es cómo garantizar la alimentación, que es lo más fuerte porque la población vulnerable necesita qué comer. Los servicios públicos, como dice el presidente, se pueden esperar”, señaló.

Agregó que, “los recursos del municipio no dan ahorita para asumir estos costos”, al tiempo que recordó que Cúcuta no es la única ciudad que no está en capacidad para asumir el pago total o parcial de servicios.

La semana pasada, la Superintendencia de Servicios Públicos emitió una circular en la que aclaró que estos no se pueden prestar de manera gratuita en el país.

La entidad les recordó a los alcaldes que, en caso de que sus administraciones planteen la prestación sin costo de los servicios públicos a algunos sectores de la población, es necesario que se garantice el pago de ese servicio, mediante subsidios u otras medidas, así como los costos y gastos en que incurren los prestadores públicos, mixtos o privados para proveerlos.

En Labateca asumirán el pago

Mientras el debate en Cúcuta sigue abierto en torno a si es posible o no asumir el pago de los servicios públicos, la Alcaldía de Labateca informó mediante un comunicado que ya se encuentra adelantando los trámites para determinar el valor mensual del consumo de energía en el municipio.

“Lo anterior, con el fin de proceder con la apropiación de recursos y demás trámites que se requieran para asumir el costo total o parcial del consumo de la energía eléctrica realizado por los usuarios durante el tiempo establecido en la cuarentena ordenada por el Gobierno Nacional, o hasta cuando los recursos del municipio lo permitan”, aseguró el alcalde, Wilden Fabián Capacho, en el comunicado.

En los próximos días se definirá la población beneficiaria y si el apoyo será total o parcial.