“No queremos más tributos, porque los cucuteños no aguantamos más”, con esta expresión Yolanda Olarte, defensora de derechos humanos y vocera del sector de los trabajadores informales de Cúcuta, rechazó la tasa de seguridad y convivencia aprobada la semana pasada por el Concejo, a solicitud del alcalde César Rojas.

La líder social manifestó que se está convocando a manifestarse en contra esta medida, la cual golpea a los bolsillos de los ciudadanos. Es por ello que organizaron un plantón para este miércoles a las 9:00 en el parque Santander, frente a la Alcaldía, con el fin de hacerle saber al mandatario local que no es el momento de cobrar un “impuesto más”.

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“No fue suficiente con el cobro de la plusvalía y de la valorización. Tampoco con haber dado en concesión los servicios de alumbrado público y de transporte por 30 años y 20 años. La ciudad pasa por una dura en crisis económica y social, aunada a la situación de la migración venezolana. No es el momento para que le saquen a los cucuteños otro impuesto”, agregó Olarte.

La defensora de los derechos humanos recalcó que este decisión del alcalde y algunos concejales afecta a los ciudadanos sin distingo de raza o credo, por ello instó a los habitantes del municipio a apoyar la protesta. 

Organizaciones obreras como Sintragasolina y Sinvanors, así como toldas políticas como el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) y el Centro Democrático están apoyando la actividad.

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Hace ocho días, tras un extenso debate en el Concejo de Cúcuta, con 13 votos a favor y 6 en contra, fue aprobada la solicitud de la Alcaldía de ajustar el Estatuto Tributario que incluye una tasa de seguridad y convivencia.

Según lo dispuesto en la norma, estos recursos deberán destinarse a aspectos como el mantenimiento y expansión de cámaras de seguridad, mejoramiento de la línea 123, adquisición de equipos de comunicación, fortalecimiento de pie de fuerza y otros que no puede financiar la administración municipal.

Extraoficialmente se dijo que el objetivo es crear una alianza público-privada para presuntamente concesionar por años la destinación de los recursos que se prevé recaudar, estimados entre 400 a 500 millones de pesos mensuales, es decir, 4.800 a 5 mil millones de pesos anuales.

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Sin embargo, se indicó que la función policiva es indelegable, por lo tanto dicha concesión no sería posible, pero corresponde a los órganos de control y ciudadanos vigilar la destinación de los dineros. La aprobación de la tasa ha levantado malestar en la opinión pública y distintos sectores de la ciudad.