Garantizar un servicio de transporte urbano eficiente es uno de los deberes del Estado, pero en Cúcuta no ocurre así y, por el contrario, el servicio del transporte pirata se apoderó de los espacios, las rutas, y las vías donde no llegan los conductores de transporte público, pero también a donde sí llegan.

En el área metropolitana existen 11 empresas de transporte colectivo, que cuentan con un parque automotor autorizado, entre busetas y buses de 1.950 unidades. Sin embargo, los usuarios siguen denunciando que muchas rutas han sido abandonadas y otras, no existen.

En sectores como Las Delicias, Manuela Beltrán, Morelli, o el proyecto Desplazados 1 y 2 los pasajeros no tienen garantía de llegar montados en la buseta o terminar el recorrido a pie, porque queda a criterio del conductor concluirlo. 

Por su parte, las empresas alegan que el pésimo estado de las vías y la baja demanda de usuarios incide en esta decisión.

Los vecinos de algunos barrios de la comuna 10 de Cúcuta también están denunciando una situación similar, porque hay varios sectores que no tienen busetas. La gente debe caminar más de 12 cuadras para llegar a sus casas.

El área metropolitana, hasta 2018, contaba 174 rutas que atraviesan los seis municipios (Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander). 

Pero además de la necesidad de saber cuáles rutas se están cumpliendo y cuáles no, la inquietud es por qué no se sanciona a las empresas que no lo hacen.

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En la redoma del terminal la protesta terminó con bombas lacrimógenas.

Los buseteros

Los buseteros, que mantuvieron este miércoles a la ciudad semiparalizada por una protesta que dejó a varios pasajeros varados, argumentan que los piratas los están dejando sin trabajo.

Óscar Jaimes sostiene que han sido invadidos por los taxis con tablas de rutas donde se lee centro-terminal-centro, que los dejan sin pasajeros, y otros aseguran que están en la quiebra y no obtienen las ganancias necesarias.

La otra cara de la moneda dice que la piratería ha crecido por los mismos buseteros, debido al mal servicio que prestan. 

Carmen Velandria, vecina de Cuberos Niño, indica que le ha tocado subirse con motorizados piratas para llegar hasta su barrio.

En sectores como Aguas Calientes, Atalaya, Belén, La Libertad después de las 9 p.m. es imposible llegar en alguna buseta o un bus, pues las rutas nocturnas las asumen los piratas, incluso hasta la medianoche.

“Yo no estoy de acuerdo con la ilegalidad y la piratería, pero uno como pasajero varado a las 9.30 p.m. no le queda otra alternativa que montarse en estos carros”, dijo Luis Ramírez, pasajero del centro. 

Los buseteros explican que ellos contabilizan gastos como: planilla diaria de rutas, con un precio de 70 mil pesos; combustible diario, otros 80 mil pesos; pago diario del alquiler de la buseta, unos 100 mil pesos. 

Explican que arrancando deben tener estos 250 mil pesos, y que si llegan los piratas no pueden cumplir con el mínimo.

Los buseteros piden eliminar con piratas y un incremento del pasaje.

El aumento

La directora del Área Metropolitana, Patricia Gallegos, explicó que los transportistas urbanos legales están pidiendo un aumento de 2.400 pesos, precio considerado exagerado por la entidad. 

“La ciudad no está para subir un pasaje a ese precio”, dijo.

Gallegos indicó que el precio planteado por los conductores se sustenta en un estudio que presentaron, pero el área también tiene un estudio que debe ser analizando. 

“Estamos revisando la contraoferta, pero nunca llegará a 2.400 pesos”, dijo, y recalcó que hay empresas que no están cumpliendo con todas las rutas, y las han dejado abandonadas.

El miércoles, en horas de la tarde los buseteros, la alcaldía y el área metropolitana se sentaron a negociar para llegar a un acuerdo, pero lo cierto es que subir el pasaje 800 pesos más, representa un incremento de 50 por ciento. 

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En Bogotá, por ejemplo, desde el 2 de febrero de este año Transmilenio, que cubre rutas troncales sí cobrará 2.400 pesos, pero se trata de una gran ciudad. 

Para tener un pasaje a ese precio la ciudad requeriría de un sistema de transporte moderno, que garantice calidad, unidades en condiciones óptimas y respeto a las rutas existentes.

Contra la informalidad 

La secretaria encargada de Tránsito municipal, Ana Graciela Ortiz, explicó que trabajarán el tema de la informalidad en el transporte público con la Policía Nacional con la cual ya se trazó una estrategia.

 Aseguró que están adelantando reuniones para tratar el resto de los planteamientos que hicieron los representantes de las empresas transportadoras. 

Aseguró que el año pasado se colocaron 1.219 comparendos por informalidad, y 700 comparendos por servicio no autorizado.

Explicó que para el Pico y Placa se están haciendo los estudios pertinentes, y se estima que en marzo tengan la medida.