El mensaje que les transmitió el Gobierno nacional a los pimpineros de Cúcuta, en atención a la implementación de la Ley Anticontrabando, fue claro y contundente: ‘vamos a atacar a las grandes mafias del contrabando y a las bandas criminales que se esconden detrás de este negocio ilícito’.

El anuncio lo hicieron en una mesa de trabajo que se instaló en Cúcuta para socializar con esta población los impactos que provocará la nueva ley. Participaron delegados de la Dian, Policía Fiscal Aduanera, ministerios de Agricultura, Hacienda, Comercio, Industria y Turismo, y el Bancóldex.

El mensaje, aunque fue asimilado, dejó inquietos a los voceros de unas 25 mil personas (cifra no oficial) que se dedican en Norte de Santander a la venta de combustibles de contrabando.

El primero en pronunciarse fue el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Gasolina (Sintragasolina), José Abel Correa, quien enfatizó que están dispuestos a abandonar el oficio, “siempre y cuando se les brinden las garantías para trabajar y ganar su sustento de una manera formal.

¿Qué le plantearon al Gobierno en la mesa de diálogo?

Varias cosas: 1. Líneas de trabajo a través de los ministerios de Minas y Agricultura, teniendo en cuenta que hay un gran porcentaje de personas del campo y desplazadas vendiendo gasolina en las calles.

2. Acuerdos con la cancillería y el ministerio de Comercio, a fin de que se puedan crear líneas de crédito a través de Bancóldex o acuerdos con el gobierno de Venezuela que conduzcan a la creación de empresas manejadas por los pimpineros.

3. Creación de un fondo en el que se comprometan recursos del orden nacional, departamental y municipal para que se beneficie a la gente que está dedicada a la venta de gasolina en pimpinas.