Una queja disciplinaria contra el director del Área Metropolitana, Miguel Peñaranda, y la directora de Transporte de dicha entidad, Olga María Figueroa Blanco, empezó a hacer trámite en la Procuraduría Provincial, motivada según los quejosos por la extralimitación de funciones de ambos funcionarios al exigir requisitos distintos a los que demanda la ley para la renovación de la tarjeta de operación de taxi.

La Opinión conoció copias de las quejas que radicaron los afectados en  el órgano del Ministerio Público, en las cuales, además, se solicita como medida cautelar la suspensión provisional del cargo de ambos funcionarios por incurrir en violación de derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la honra y el buen nombre.

Según se señala en la queja, cuando los taxistas acuden a renovar la tarjeta de operación ante el Área Metropolitana les están exigiendo, además de los requisitos de ley consagrados en el Decreto 1079 de 2015, otros requisitos ajenos al trámite legal.

Añaden los afectados que por esta extralimitación el Área no está cumpliendo el decreto 172 de 2001 al igual que lo reglado en el Estatuto Único de Transporte Público.

Los requisitos ‘extras’ que está exigiendo el Área Metropolitana  son Fotocopia de la última tarjeta de operación expedida,  certificación del censo o cupo que se expidiera por el área metropolitana, fotocopia de la resolución o acto administrativo con el cual fue matriculado el vehículo y fotocopia de la licencia de tránsito, documentos estos que reposan en esta entidad y en Tránsito municipal.

“Son documentos que están en poder de oficinas del estado y al exigirlos están violando el debido proceso y la Ley Antitrámites, que prohíbe  exigir documentos o información que reposa en la entidad ante la cual se adelante una diligencia, o que reposen en otras entidades  públicas ante las cuales aquella los requerirá de manera directa”, expresa la queja ante la Procuraduría Provincial.

Esta situación, agregan los afectados, les está impidiendo a devengar el mínimo vital para el sostenimiento de sus familias, ya que sin la renovación de la tarjeta de operación no pueden ejercer su oficio.

En reciente entrevista  a La Opinión, Peñaranda reveló  que al asumir el cargo  se encontró con muchas situaciones delicadas, la primera tenía que ver con el número de taxis y de vehículos que están trabajando en la ciudad, porque  si bien tenemos unos números, “el censo que se hizo es mentiroso”.

Aseguró que el número de vehículos  (censados, 8.878) es incierto, pues se encontraron varias irregularidades como, por ejemplo, que en un mismo número de censos hay dos o tres carros matriculados”.

“Esto da a entender que la renuencia del área metropolitana a renovar la tarjeta de operación de los taxis corresponde a irregularidades que ante la opinión pública denuncia el director de la entidad, y para ello se pone a los funcionarios a trasgredir la ley exigiendo requisitos que no están consagrados en la norma”,  precisan los quejosos.

Si en realidad existen irregularidades es deber del director del Área Metropolitana  elevar las respectivas denuncias ante los órganos de control judiciales y fiscales competentes, y dejar que sean ellas las que  definan si existe o no delito alguno.

En la queja disciplinaria ante la Procuraduría, los afectados piden al órgano del Ministerio público la separación provisional del cargo de Peñaranda y Figueroa. Asimismo, abrir investigación disciplinaria a los dos funcionarios, por las razones antes expuestas.

De la misma manera elevaron una solicitud formal para que la junta directiva del Área Metropolitana intervenga en esta situación “que afecta la economía del gremio de taxistas”, subrayaron los quejosos.

El director del Área Metropolitana, Miguel Peñaranda, negó que se estén exigiendo requisitos distintos a los que exige la ley para la renovación de tarjeta de operación de taxi. Dijo que por esto no ha sido notificado.

Los requisitos de ley

* Solicitud suscrita por el representante legal de la empresa, relacionando las placas del vehículo; certificación suscrita por el representante legal de la empresa sobre la existencia del respectivo contrato de vinculación vigente del vehículo;  fotocopia de la licencia de tránsito; Soat; Revisión Técnico Mecánica vigente y comprobante de la consignación a favor de la autoridad de transporte competente por el pago de los derechos que causen, debidamente registrado por la entidad recaudadora.