Con un documento firmado por los alcaldes de Cúcuta, Villa del Rosario, El Zulia, Los Patios y el gobernador, William Villamizar, que fue enviado al presidente Juan Manuel Santos, se espera que en los próximos días haya una solución para que los pimpineros, de una vez por todas, cambien su actividad.

La decisión de elaborar la solicitud se debió a las quejas recurrentes de los vendedores de gasolina, que últimamente se han concentrado en las calles, debido al “apoyo insuficiente” del que dicen ser víctimas.

Según Villamizar, si bien se reconoce que la actividad de los pimpineros es ilegal, no se puede evadir el hecho de que hay más de 2.800 familias derivando su sustento de la misma.

“Por su accionar, se encuentran ahora confrontando los límites de las disposiciones contenidas en la Ley Anticontrabando”, señala el texto. “Somos conscientes de que esta situación no puede seguir siendo tolerada”.

Sin embargo, se recalca que aunque la ley es incontrovertible, es urgente que el Gobierno Nacional asigne mayores recursos de los ya destinados para atender los programas alternativos y de reconversión sociolaboral.

En este sentido, el mandatario recordó que hay recursos que ascienden a los $14 mil millones pero son insuficientes para la cantidad de informales que reclaman el derecho al trabajo legal.

Al respecto, Abel Correa, vocero de los pimpineros manifestó que se requieren más de los 4 millones de pesos que ofrece el Gobierno a cada pimpinero para que comience un negocio.

En relación con las alternativas que propondrá la gobernación, junto con los alcaldes, están la rehabilitación del centro de acopio de Agualinda, que abarcaba la mitad del cupo de Norte de Santander y, en su momento, fue de ayuda para los pimpineros.

Además, se pedirán cuentas de dónde están los recursos del Fondo de reconversión laboral que hoy deberían sumar unos 70 mil millones.

Según el gobernador, por cada galón de gasolina vendido, 82 pesos se destinaban a dicho fondo, razón por la cual una de las tareas será buscar estos dineros que ayudarían a mitigar la situación.

La clave: unidad

El año anterior, pese a las peticiones hechas por el exgobernador Édgar Díaz, en relación con la necesidad de incrementar el apoyo económico y productivo para la región, no hubo eco sobre las mismas y el fin de año pasó sin soluciones.

Ante esta duda que aún se genera entre los pimpineros, el alcalde de Cúcuta, César Rojas, aseveró que esta vez la situación será distinta.

“La diferencia es que somos dos mandatarios diferentes, que el cierre de frontera da para que haya soluciones de fondo, que con la ley anticontrabando no se puede permitir más la venta de este combustible extranjero y que nuestro compromiso es real”, dijo.

Además, señaló que el año anterior cada mandatario actuaba independiente, pero ahora se articularán los esfuerzos institucionales, de los senadores, los alcaldes, y la comunidad.

“Si firmamos este documento, con los alcaldes metropolitanos, es porque hay credibilidad y compromiso, pero también hay que sustentar propuestas apropiadas para sacar definitivamente a estas personas de la calle; no podemos esperar más”, agregó. “Esta es una proyección de unión que genera un progreso importante para generar impacto en Bogotá”.

Según los mandatarios, se prevé que la próxima semana se pueda tener una audiencia con el presidente Santos, así como con los ministros del Interior, Minas y Energía, Defensa, el Sena y la Policía Nacional, con el fin de evitar que los pimpineros cumplan su palabra de tomar acciones de hecho.

La Opinión