Pasada la 1 a.m., cuando los establecimientos nocturnos de Cúcuta deben cerrar sus puertas, la fiesta no acaba. Así lo comprobaron este fin de semana la Alcaldía y la Policía en la primera etapa de Atalaya.

El popular Paseo Rojo y Negro, donde la administración departamental y Prosperidad Social invirtieron 5 mil millones de pesos, se convirtió en una cantina a cielo abierto.

Cuando la rumba acaba en los establecimientos públicos, el licor y la música hacen una nueva parada en senderos peatonales, canchas y plazoletas del paseo, provocando malestar entre los vecinos, por el exceso de ruido en la madrugada.

El fin se semana pasado, la Alcaldía y la Policía se tomaron este sector entre las 3 y las 4 a.m.,  y sorprendieron a 1.800 personas  consumiendo bebidas embriagantes o sustancias psicoactivas en el espacio público. Las autoridades lograron dispersarlas para devolverle la tranquilidad a los vecinos de la zona.

Mauricio Franco, secretario de Seguridad Ciudadana, señaló que la administración municipal seguirá realizando operaciones de control para ofrecer a los cucuteños espacios nocturnos seguros en los que se respeten horarios y normas establecidas por la ley.

La otra cara de la moneda

Mientras que los vecinos de las zonas aledañas donde funcionan estos bares están contentos con las medidas, los propietarios piden extender los horarios.

Según el diputado Camilo Silva, las empresas de la vida nocturna cucuteña han mermado, al punto que estarían a punto de extinguirse.

Para Silva, “no hay igualdad ni seguridad jurídica, y esto afecta la economía”, debido a las decisiones de  reducir los horarios de funcionamiento de los establecimientos.

Además, criticó la falta de seguridad jurídica, por los cambios constantes de horarios que imponen Policía y Alcaldía.

“Un empresario tiene la expectativa de trabajar hasta las 3 de la madrugada, pero le dicen que es solo hasta la 1”, dijo. “Esas modificaciones continuas perjudican a los inversionistas; lo mismo, el tratamiento especial que se da a algunas zonas”.

En este sentido, Silva culpó no solo a la Alcaldía sino a la Gobernación, y señaló que en la administración anterior “se establecieron clubes sociales que no tienen nada de social y terminan siendo discotecas con papeles que les ayudan a extender  horario”.

Por ello, sugirió establecer condiciones equitativas y comparar las zonas que comparten similitudes, como el centro comercial Bolívar y la zona del hotel Tonchalá.

“Antes, el centro comercial concentraba la rumba y tenía privilegio en horarios, y conforme cambió la administración cambió la preferencia, cuando hay elementos comunes con el sector de Tonchalá, pero no se tienen en cuenta”, declaró.

Comentó que si bien comprende que la Policía establece un horario más corto para disminuir los riesgos de seguridad, sugirió alternativas, como tener acuerdos con los tenderos y acreditar  los negocios seguros, entre otras, para no reducir las horas.

Enfatizó en la necesidad de que las administraciones funcionen juntas, porque “si no se ponen de acuerdo, la economía será la más afectada”.

Martín Martínez, secretario de Hacienda del departamento, estuvo de acuerdo con Silva, aunque también se mostró “respetuoso de las decisiones de la Alcaldía”.

Sin embargo, dijo que “es mejor tener los sitos de esparcimiento controlados, a que se conviertan en callejeros” y confirmó que sí hay un perjuicio sobre las rentas y el tipo de consumo.

“Esto afecta el dinero circulante, se cierra el cerco a la generación de empleo, y se presta para que en la calle se manipulen más productos de contrabando”, comentó. 

Cazando infractores

La Alcaldía no llegó a cazar infractores solo a El Natilan. También estuvo en la Avenida 7, sector la Guayabera, en La Libertad, Belén, y el Centro Comercial Bolívar, donde con el acompañamiento de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía  se aplicaron 16 comparendos a motociclistas por no tener vigente el seguro, y no usar casco.

También, se inmovilizaron 16 motos, por circular en horario no permitido.

Además, se aplicó un cierre preventivo y se expidió boleta de comparendo a un establecimiento del Centro Comercial Bolívar, por permitir menores de edad en sus instalaciones.