El Palacio de Justicia de la capital de Norte de Santander normaliza sus labores a partir de este miércoles, luego de verse obligado a hacer un cierre extraordinario, por dos días, al tener casos sospechosos de la COVID-19 en sus instalaciones.

Desde el pasado 12 de julio el Consejo Seccional de la Judicatura ordenó el cierre de este recinto y la suspensión de términos en los despachos judiciales por lo que denominó un suceso de fuerza mayor el posible caso de coronavirus.

Asimismo, se efectuaron las respectivas fumigaciones y desinfecciones en estas instalaciones, durante estos dos días, con el fin de evitar la propagación del virus. 

Según David Fajardo, subsecretario de Planeación en Salud, el tema ya está en conocimiento de la administración municipal y se estaba a la espera del resultado de la prueba que confirmara el posible contagio.

Sin embargo, todos los trabajadores que tuvieron previo contacto con el caso sospechoso debieron llenar un formulario en una plataforma virtual y  hacer el reporte a Bienestar Social del Palacio de Justicia. 

“32 personas fueron enviadas a aislamiento porque reportaron contacto, pero siguen laborando de forma virtual, a no ser que tengan incapacidad”, aseguró María Inés Blanco, presidente del  Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander.

Según Blanco, el 99 % de los funcionarios del Palacio de Justicia laboran de forma virtual y el 1% restante debe desplazarse a las instalaciones por documentos o algún otro caso extraordinario. 

Temor de los funcionarios

José Gamboa, presidente del Sindicato de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Rama Judicial, Asonal Judicial, afirmó que sienten temor de continuar las labores ya que los casos siguen en aumento en la ciudad. 

“A pesar de que en la entrada del Palacio hay controles y se cuestiona sobre la posible sintomatología de quienes van a entrar, hay personas que no lo acatan y pueden estar creando un foco de contagio”, manifestó Gamboa. 

Por esta razón, los representantes de los sindicatos de la rama judicial de todo el país enviaron un comunicado en el que piden la suspensión de términos judiciales a partir del 16 de julio de 2020 y hasta cuando  el Gobierno Nacional prorrogue la medida de   aislamiento preventivo. 

A esto se suma, el  cumplir a cabalidad con los protocolos de bioseguridad en la sedes judiciales  y que sean proporcionados los medios tecnológicos requeridos para prestar servicios de forma virtual. 

Además de establecer excepciones consensuadas entre las corporaciones judiciales, las organizaciones sindicales, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, La Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. 

Abogados litigantes siguen preocupados

El pasado 1 de julio los abogados litigantes retomaron sus labores luego de casi tres meses de inactividad, razón por la que les preocupa un posible cierre a causa del repunte del virus.

“El gremio de litigantes no ha podido ingresar a las instalaciones desde el mes de marzo por eso seguimos a la expectativa de lo que va a pasar”, indicó Luis Aurelio Contreras, fiscal de la junta directiva de la Colegiatura de Abogados Litigantes.

Agregó que en el marco de la reactivación fueron habilitados unos correos electrónicos para efectuar algunas demandas  y para impulsar los litigios en línea, de esta forma pudieron reiniciar sus labores luego del periodo de aislamiento social obligatorio. 

Según Contreras, cerca de 100 mil procesos en la justicia ordinaria  están paralizados a la fecha, teniendo en cuenta que desde el mes de marzo hasta julio el servicio fue suspendido en todo el país.  

"No basta con más camas y ventiladores"

Arturo Arias, presidente de la fundación Humanizando los Cuidados Intensivos expresó que el tema más grave del coronavirus es que estamos enfrentando una pandemia de daño emocional y de desinformación total.

"Antes un maestro de medicina hablaba y daba cátedra, ahora cualquiera coge una cámara y dice cualquier cosa  y tiene millones de seguidores. Eso pasa porque vivimos una era de vacío, sin principios ni valores".

Lo que estamos viviendo en Cúcuta lo vivió Italia, España, Rusia, China, Afganistan. Es es una muestra de que la salud pública no puede ser manejada por los políticos, porque ellos tienen otros intereses distintos. Los políticos no tienen conocimiento y sin conocimiento no es posible generar políticas que impacten positivamente a la comunidad.

Lamentablemente en Cúcuta, las personas que estamos al día en la ciencia nunca fuimos llamados a participar de la política de gestión de la salud pública ni del plan para establecer las medidas necesarias para enfrentar esta pandemia. Debimos haber sentado un grupo de intelectuales a pensar y a dirigir un problema médico.

Hoy creo que es posible decir que muchos se equivocaron, pues el tema no consiste solo en hacer más camas y más ventiladores, no basta con esto, pues hay que tener personal que sepa manejar estos cuidados intensivos, personas con la experiencia en el manejo de estas unidades, y eso no lo tenemos acá.