Nada de lo que se hizo en desarrollo del Programa de Alimentación  Escolar (PAE) en Cúcuta, durante 2014, estuvo apartado de la ley.

Así lo sustentan no solo una auditoría de la Contraloría Municipal, sino del mismo Ministerio de Educación, en el análisis y posterior liquidación que hizo del convenio 544 de 2013, que se suscribió entre Liber Norlácteos y la Alcaldía de Donamaris Ramírez, para prestar el servicio de alimentación a 58.021 escolares de los planteles públicos.

La semana pasada, la Procuraduría abrió pliego de cargos a tres exsecretarios de la citada administración, por supuestas irregularidades como el desvío de alimentos a estudiantes de colegios de carácter religioso privados: San Pedro Claver, Fundación Esperanza de Ser, Camilo Daza, Comedor Crispín Durán y Jardín Infantil Grandes Pensadores.

Según la abogada especialista en gerencia social, Marisol Jaimes, la investigación de la Procuraduría sobre el PAE 2014 hasta ahora está comenzando, ni siquiera hay fallo de primera instancia, al que se llegará después de que los investigados presenten sus pruebas y soportes.

Sobre los estudiantes que en principio se dijo que recibían los alimentos en instituciones educativas privadas, tiene su explicación en el hecho de que cuando el municipio asumió la operación del PAE, en 2013, lo hizo sobre la base de la continuidad de los contratos anteriores que estaban bajo la administración del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al igual que de la focalización de la población que se estaba atendiendo.

Así consta en los lineamientos del citado convenio en sus numerales 12 y 13, en el que se facultaba al municipio “adherirse a los contratos para la prestación del servicio de alimentación escolar que tenga vigentes el ICBF en la jurisdicción o zonas respectivas a fin de prestar el servicio por este medio”.

De la misma manera, el Decreto 1851 del Ministerio de Educación Nacional aprobaba la contratación con estos planteles de carácter religiosos y privados.

No obstante haberse incluido en esa base un grupo pequeño de estudiantes que recibían los alimentos en colegios y jardines de carácter privado, luego de la depuración que se hizo para ajustarse a matricular Simat, lo que representó en dinero por estos estudiantes fue reclamado por la Alcaldía, por inejecución, y devuelto por el contratista, tal como consta en el acta de liquidación del contrato y como lo certificó el Ministerio de Educación Nacional.

Pero, ¿qué pasó con las 4.021 raciones que según los denunciantes se perdieron del PAE 2014? 

Jaimes respondió que en el informe final de la Contraloría, de noviembre, quedó claro que esas raciones que supuestamente no se habían distribuido, sí se entregaron. Lo anterior está soportado en las certificaciones firmadas por los rectores de los colegios públicos, en las cuales se anexaron los listados con los nombres de los escolares beneficiados. Esas actas fueron verificadas y avaladas por la Contraloría en el informe final al que tuvo acceso La Opinión.

“Debido a los hallazgos encontrados por la Contraloría Municipal, sobre el tema de las duplicidades se procede a descontar los valores de los 51 alumnos detectados, desde febrero hasta agosto que recibieron las raciones, que al sumar suma $1.215 millones de pesos”, señala la Contraloría en el acta de liquidación del convenio.

Lo anterior quiere decir que la apertura de investigación que emprendió la Procuraduría General de la Nación se hizo basado en el informe inicial, donde estaban reportados el global de los estudiantes de planteles privados que venía atendiendo el anterior operador Cospas, y no sobre la depuración que posteriormente se hizo y que en un informe de la Contraloría Municipal quedó registrado, tal como lo certificó el titular de ese órgano de control de la época, Carlos Coronel, en donde no se presentó anomalía alguna.

“Se logró evidenciar que únicamente 51 alumnos presentan duplicidad como beneficiarios del PAE, estudiantes que fueron avalados por las partes (operador-supervisor), generando un valor en las respectivas facturas de cobro y pagos recibidos por el operador, los cuales deben ser descontados por inejecuciones, durante el periodo de tiempo de ejecución del contrato”, sostuvo Coronel en el informe final del citado convenio.

Dichas actas fueron avaladas por el Ministerio de Educación Nacional y por la Universidad de Antioquia, que fue contratada por esta cartera como auditora del programa PAE.

Se pudo apreciar, igualmente, que en la liquidación que el municipio de Cúcuta hizo con el Ministerio de Educación, se le devolvió a la entidad nacional $1.200 millones, recursos estos que el municipio recibió, pero no utilizó en el Programa de Alimentación Escolar, demostrando así el manejo adecuado de los mismos.

Según manifestaron los abogados defensores, se han presentado las constancias y evidencias probatorias a la Procuraduría que demuestran que no existió  ninguna irregularidad y han solicitado el archivo de la investigación para que sean absueltos y  se rectifique el grave error cometido.