El Consejo de Estado determinó que la Gobernación de Norte de Santander sí tiene parte en el proceso que debe adelantarse para la entrega de las ayudas previstas por el coronavirus.

Así las cosas, ese ente territorial, la Alcaldía de Cúcuta y Planeación Nacional deben verificar si un ciudadano de la capital nortesantandereana que no está incluido en las ayudas previstas para atender a los más vulnerables durante la pandemia, debe ser incluido en las bases de datos de los adjudicatarios de estos alivios.

La decisión obedece a una tutela que interpuso un ciudadano de la zona de frontera colombo venezolana, que considera que el Gobierno Nacional, el departamento de Norte de Santander y el municipio de Cúcuta violaron sus derechos fundamentales por no haberle proporcionado ninguna de las ayudas previstas para atender a las poblaciones más vulnerables durante la emergencia.

A juicio del demandante, la violación de sus garantías fundamentales también se basaba en el hecho de haber sido adjudicatario de la devolución del IVA, que fue anunciada por el Ejecutivo, como otra de las medidas para conjurar esta situación.

Según el escrito de la tutela, estas omisiones afectaron sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la buena fe y a la igualdad, sobre todo, teniendo en cuenta que es una persona que no cuenta con ningún ingreso para proveer su sustento, pues es desempleada, y tampoco está registrado en ningún programa de protección del Estado.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que conoció la tutela en primera instancia, sostuvo que si bien el hombre se encontraba inscrito en el Sisbén, con un puntaje de 14,66, su perfil no lo hacía acreedor del programa ‘Ingreso Solidario’, que estableció el Gobierno para suministrar alivios a las familias más vulnerables durante la pandemia.

Aún cuando sostuvo que no se evidenciaba una violación a los derechos fundamentales del accionante, el Tribunal exhortó al alcalde de Cúcuta, al Gobernador de Norte de Santander y al director de Planeación Nacional a examinar las condiciones particulares del hombre para que, en caso de evidenciarse la necesidad de suministrarle las ayudas, se proceda a inscribirlo en las plataformas destinadas a entregar estos alivios.

Esta decisión fue impugnada por la Gobernación de Norte de Santander y por el propio accionante. El ente territorial sostuvo que era la Alcaldía de Cúcuta la responsable de establecer quiénes deben ser beneficiarios de las ayudas, mientras que el hombre insistió en la necesidad de acceder a ellas, por su condición vulnerable, y ante la imposibilidad de salir a buscar el sustento diario, por miedo a ser sancionado y penalizado por la Policía.

El Consejo de Estado ratificó el fallo. Ello implica que, si bien no se evidencia que se estén violando los derechos fundamentales del accionante, se mantiene el exhorto para que la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander y Planeación Nacional verifiquen las condiciones particulares a las que se enfrenta el hombre y, de ser necesario, incluirlo en la lista de adjudicatarios de las ayudas previstas para conjurar la crisis generada por el coronavirus.

La alta corte aclaró que el exhorto en el cual se incluye al departamento no implica que esté obligado a entregar las ayudas. Precisó que a esta entidad y al municipio les corresponde, en el marco de sus competencias frente a la gestión del riesgo, adelantar las acciones a las que haya lugar para verificar si el tutelante debe ser acreedor a las ayudas previstas en el marco de la emergencia por el coronavirus.