“La Contraloría se va a tomar la dependencia jurídica”, anunció la contralora de Cúcuta, Blanca Cruz, por la preocupación que genera al ente de control la cantidad de procesos judiciales que atiende esta dependencia, y su limitada capacidad de respuesta que, a la fecha, deja un costo aproximado de 50 mil millones de pesos que debería pagar el municipio.

Cruz declaró que esta situación es alarmante y recordó el caso de un funcionario de libre nombramiento y remoción cuya demanda “va llegando a los 2 mil millones de pesos”.

En este sentido, dijo que “si la dependencia jurídica del municipio no ha sido capaz de abastecer la competencia que tiene, el alcalde debe resolver por una consultoría externa, o con otra figura, pero no se puede quedar corto”.

La contralora agregó que este proceso será incluido en el Plan general de auditorías, para el segundo semestre de esta vigencia.

De otro lado, señaló que avanzan investigaciones como la verificación de los recibos de recaudo que reposan en las carpetas de tránsito municipal, pues presuntamente algunas no tienen el recibo original y se deben comparar las carpetas con los bancos, y advirtió que se está haciendo un minucioso control de legalidad del contrato de concesión de tránsito por la cantidad de quejas y denuncias.